A decir de los vecinos afectados por las construcciones que colindan en sus viviendas en esa demarcación, las cosas andan muy mal, pues las autoridades panistas aparecen manifestaciones de construcción inexistentes, de las cuales se desisten los inmobiliarios y sirve de argumento a la delegación para negarle al ciudadano conocer los documentos, y los constructores con nuevo permiso consigue “regularizar” obra y más niveles de construcción.
Por ello, piden a la Contraloría General del gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría del DF realizar una investigación seria sobre los permisos a las inmobiliarias y castigar a los responsables de tantas irregularidades en la delegación sin quedar impunes.
Los quejosos piden justicia a las autoridades capitalinas y reiteran la inactividad del ministerio público de la Procuraduría capitalina en la Benito Juárez para actuar en contra de las inmobiliarias por los daños causados a sus viviendas y que al propósito dejan pasar el tiempo para que se hagan viejos los asuntos sin consignarlos ante un juez.
La vecina Rosa Olivares Albarrán, con domicilio en Ceres 8, colonia Crédito Constructor, denuncia los daños ocasionados a su morada y una serie de irregularidades en la construcción del edificio para oficinas en Insurgente Sur 1524, en donde presume la existencia de documentos apócrifos para iniciar los trabajos.
Expone que la empresa Hogaris nunca cumplió la fusión de los predios de Insurgentes Sur 1518, 1522 y 1524 para iniciar la construcción de un edificio para oficinas, cuyo trámite inició el dueño César Octavio Ochoa, pero sin concluirlo en 2006. Según la delegación Benito Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano se hizo la fusión en 2006, en 2009 y en 2010, y en 2013 aparece la fusión con Jorge Romero como jefe delegacional, afirma Olivares.
Para Olivares, están metidos en todas estas irregularidades el jefe delegacional Romero y el ex titular en Benito Juárez, Mario Palacios, pues el primero era responsable de Proyectos Especiales en el trienio anterior, y estaba enterado de todo.
Aunque, la delegación siempre negó la existencia de la manifestación de construcción, agrega la vecina, “cuando se las entrego se quedan de a veinte”. Y proporciona una copia del documento a nombre de Punta México SA de CV con registro RBJ13—0028A—12 del 27 de julio de 2012 y con fecha de vencimiento el 27 de julio del 2015, en donde piden construir seis niveles cuando su proyecto lo ofrecen en venta con diez.
Además encuentra otra irregularidad, pues, señala, esa razón social carece de escrituras para realizar ese trámite. Y explica que Inmobiliaria Insurgentes 1524 (antes Hogaris), de Jacobo Husny Hanono, y Punta México firmaron un convenio de venta compra de esos inmuebles.
En otro documento fechado el 22 de agosto de 2012, la delegación Benito Juárez le informa a Olivares que “se pudo constante que actualmente no existe permiso o manifestación de construcción vigente para el inmueble localizado en la Av. Insurgentes número 1524, colonia Crédito Constructor, en esta demarcación, ya que los responsables se desistieron de la Manifestación de Construcción con número de registro RBJB—0040—11 con que contaba dicho predio, motivo por el que no es posible proporcionar la información solicitada”.
Las mismas autoridades reconocieron que, al realizar un análisis del expediente de la manifestación de construcción del 2012, Punta México cometió una serie de irregularidades como violación a la restricción de los 5 metros federales que están obligados a respetar, no ser los legítimos dueños, tener adeudos en sus pagos de derechos por la obra, no presentar planos de acabados, por lo que se debió de dar la nulidad definitiva de la manifestación de la obra y no una revocación, asegura Olivares.
Por su parte, María del Carmen Gutiérrez de la Vega, vecina de la colonia San Pedro de los Pinos, asegura que la delegación Benito Juárez, a cargo de Jorge Romero, embaraza expedientes, ya que aparece manifestación de construcción antes inexistentes, y “destripa la delegación” al permitir obras por doquier, y se queja de que el jefe delegacional Romero no atiende a la ciudadanía.
Además acusa a Joaquín García Santoveña, de la Canadevi del Valle de México y propietario de COINASA, de amenazar a los vecinos con “partiles la madre” si no dejan que avance la construcción de su condominio en la Avenida Primero de Mayo número 139, colonia San Pedro de los Pinos, en donde la obra viola el uso de suelo y tiene una orden de demolición, fundada y motivada por las autoridades delegacionales, por carecer de manifestación de construcción.
Sin embargo, las autoridades de la demarcación han aparecido documentos inexistentes con lo cual pretenden regularizar una obra que desde el principio careció de documento, según dicho por las mismas autoridades.
Por eso, Gutiérrez de la Vega habla del embarazo de expedientes por parte de la delegación, y explica que primero las autoridades negaron antecedente alguno de la manifestación de construcción RBJB-0270-07 con folio FBJ-0866-07 en el predio ubicado en Av. 1° de Mayo No. 139, después de pedir información a la delegación el 30 de junio de 2011 y el 15 de junio de 2012.
Empero, en un oficio del 16 de enero de 2013, el director general de Obras y Desarrollo Urbano en Benito Juárez, Jorge Carlos Acuña Ramírez, constató la existencia del expediente con folio FBJ-0866-07 y manifestación de construcción RBJB-0270-07, el cual, según las autoridades, lo encontraron en “unas cajas”, pero, añade Gutiérrez, eso no se puede creer, porque los expedientes llevan un folio consecutivo.
A una petición vecinal, Acuña Ramírez, les niega la información de la manifestación del 2007 debido al desistimiento del representante legal de COINASA Desarrollos Habitacional SA de CV, Luis Miguel Fuertes Segarra, del 12 de octubre de 2012.
También hacen referencia al nuevo folio número FBJ-0091A-12 y manifestación RBJB-0039 A12 del mismo inmueble para obra nueva y modificación para edificar inmueble constituido por 8 niveles y 48 viviendas.
El mismo funcionario avala la construcción que se desarrolla con el nuevo registro de manifestación de construcción, pese a que, según las mismas autoridades, carecía de licencia de construcción, desde que se inició la construcción del condominio y, por lo mismo, tiene una orden de demolición.
