Este cansancio ha venido haciendo crisis durante la segunda parte de este año debido a las fuertes críticas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos contra Ejército y Marina, por sus actuaciones en el caso de los 43 de Ayotzinapa y los hechos de Tanhuato, y por otras acciones o inacciones en el país.
Los militares se sienten acorralados a causa de una bronca que no es suya.
En corto advierten que su ya larga estancia de casi 15 años en las calles del país se origina no en la necesidad de hacerle frente al crimen organizado, sino a la manipulación de los políticos civiles.
“Resulta que lo más fácil ahora es que, cuando un gobernador o un alcalde se ven agobiados por las acciones del crimen organizado, acuden corriendo ante el Presidente de la República o el secretario de Gobernación para pedir la intervención de las fuerzas armadas en sus estados o municipios”.
Los militares advierten que los gobernadores y alcaldes de todo el país han tenido ya muchos años y apoyos de cientos, miles de millones de pesos para crear cuerpos capacitados, profesionales de policías y no lo han hecho.
“Ellos simplemente dicen: ¿para qué me desgasto capacitando policías si tenemos a la Marina, al Ejército?… y luego el Presidente o el secretario de Gobernación les da la razón al enviar a tropa y marinos a enfrentar a los criminales en sus estados y municipios”.
Así los gobernadores y alcaldes no sólo eluden su responsabilidad, sino que trasladas a militares la bronca y el gasto, porque al final quien paga es o la Defensa o la Marina o el Gobierno federal.
Y son marinos o militares quienes además tienen que salir a responder a las demandas de los organismos nacionales o internacionales de derechos humanos por supuestas o ciertas violaciones.
De ahí que, durante las más recientes intervenciones públicas de los titulares de Marina y Defensa, almirante Vidal Soberón y el general Salvador Cienfuegos, estos hayan exigido regresar a sus contingentes a sus cuarteles.
Detrás del reclamo está el resguardar a unos y otros cuerpos de las presiones de medios e instituciones de derechos humanos.
Esta queja incluya ahora, sin duda, a diputados y senadores quienes tienen al menos 8 años de mantener en sus mesas de trabajo inactivas, intocadas, varias iniciativas a fin de regular las intervenciones de los militares en la guerra contra el crimen organizado.
PERÍODO EXTRAORDINARIO
El reclamo llega cuando diputados y senadores se reparan para irse de vacaciones ya que el viernes concluirá el actual período legislativo para regresar hasta el primero de febrero próximo.
Es por ello que a fines de la semana pasada el coordinador de los senadores del PRI, el yucateco Emilio Gamboa anunció que su grupo legislativo promoverá un período extraordinario a fin de analizar y aprobar un marco normativo que les brinde certidumbre jurídica, fortaleza y capacidad de acción a las fuerzas armadas.
“Nuestro grupo parlamentario propondrá esta semana a los otros grupos parlamentarios llevar a cabo un periodo extraordinario para definir la Ley de Seguridad Interior y los términos en que deben actuar las Fuerzas Armadas.
“De llegar a un acuerdo para la celebración de un periodo extraordinario, los senadores del PRI ratificamos que vamos a trabajar con el único objetivo de actualizar y fortalecer sus instrumentos jurídicos, buscando ante todo el justo equilibrio entre la plena protección de los derechos humanos y el trabajo que realizan el Ejército y la Marina Armada de México para salvaguardar la seguridad de los mexicanos”, precisó.
Gamboa hizo un reconocimiento al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional y al almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina por su lealtad al Presidente Enrique Peña Nieto, a las instituciones, su compromiso con los mexicanos y su convicción de servicio.
El anuncio fue retomado por otras fuerzas en el Senado donde el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que mañana martes se verá si el tiempo da para recibir las propuestas, instalar las mesas de discusión y dictaminar la o las iniciativas correspondientes para avanzar y sacar adelante la Ley de Seguridad Interior.
DIPUTADOS APOYAN
Dentro de esta dinámica, el presidente de la Cámara de diputados, el morelense Javier Bolaños apoyó la propuesta del senador Gamboa de realizar un periodo extraordinario en el Congreso para aprobar un marco normativo que establezca los términos en que las Fuerzas Armadas deben llevar a cabo sus tareas.
Consideró que es esencial que “las Fuerzas Armadas cuenten con disposiciones legales claramente definidas, a fin de que con la realización de sus tareas puedan contribuir a la seguridad interior y publica”.
El legislador dijo: “doy la bienvenida al pronunciamiento del senador Emilio Gamboa en este sentido, el cual permite allanar las trabas existentes para avanzar en tal propósito”.
Con los acuerdos que se alcancen para ese objetivo, “refrendaremos el respeto y el reconocimiento que tenemos a la misión y la labor que desarrollan el Ejército y la Marina, en aras de garantizar la tranquilidad pública y la paz social en el territorio nacional”, señaló.
Por lo demás indicó que esta semana, la última del período actual, se buscará desahogar los temas pendientes
Bolaños subrayó que en el periodo por concluir se aprobaron 64 dictámenes con reformas positivas entre las que destacan la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; otra norma sobre prevención a la violencia en contra de las mujeres, y modificaciones legales en materia de Justicia Laboral.
Asimismo, se aprobaron enmiendas para prevenir obesidad, sobrepeso y problemas de salud bucodental, y otras relacionadas con expediente clínico, prevención de suicidio, displasia de cadera y cirugía estética, así como para la creación del Registro Nacional de Cáncer, indicó.
En lo que queda de esta semana de salida, agregó, los diputados tramitarán la Ley General de Víctimas, que busca dotar de herramientas a las instituciones encargadas de atenderlas, además de garantizar, proteger y promover los derechos de las personas afectadas por delitos.
Bolaños indicó que se desahogarán también minutas provenientes del Senado de la República referentes a la protección de datos personales, tortura y trata de personas, y se abordarán dictámenes sobre reformas a la Ley de PEMEX y CFE en materia de Consejos de Administración.
LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, VA
En la reunión del Consejo Político Nacional de pasado mañana, la dirigencia del PRI que encabeza Enrique Ochoa Reza , establecerá las reglas que definirán los procesos electorales del 2017 para renovar los gobiernos de Coahuila, Estado de México, Nayarit y los 212 municipios de Veracruz.
Pero ahí también se constituirá formalmente la Comisión Anticorrupción del partido, la cual -se afirmó-, realizará un análisis detallado de las trayectorias y perfiles de quienes aspiren a las candidaturas, de tal forma que quienes representen a este Instituto Político acrediten honorabilidad y reconocimiento popular.
Estas reglas, se indicó, deberán inhibir a los gobernadores salientes en sus intentos por dejar heredero y privilegiarán “las mejores propuestas, con candidatos arrojados y valientes, y con la mejor militancia”, indicó el CEN del PRI.
