De acuerdo a la denuncia, cuya copia tiene en su poder Basta!, presentada, ante la PGR por el senador panista Fernando Yunes Márquez y 88 legisladores más, piden a la PGR inicie la averiguación previa y se ejerza acción penal y de reparación del año, en contra de quien o quienes resulten responsables por esos hechos.
Los querellantes expresan su extrañeza de que ni la Contraloría General del estado de Veracruz, ni el Congreso del estado y su órgano de fiscalización superior no detectaran irregularidades en el ejercicio desaseado que el Ejecutivo estatal le dio a esos recursos, que transfirió el gobierno federal de los fondos de aportaciones federales respectivos.
De acuerdo a las auditorías realizadas por la ASF en la Cuenta Pública 2011 y presentadas como pruebas en la acusación la semana pasada, los quejosos señalan a las autoridades veracruzanas desaparecer recursos de los fondos federales, de hacer mal usos de ellos, sin esclarecer su aplicación y caer en subejercicios; además con esos dineros pagaron medicamentos a un sobreprecio, y 56 facturas “por concepto de renta de carpas, sillas impresión de lonas, renta de audio, combustible, compra de playeras, gorras, bordado de logos, renta de pantallas de Led y alquiler de energía eléctrica”, con lo cual se incumplió con el propósito de los programas federales.
Los legisladores denunciantes, entre ellos Yunes Márquez, Javier Corral, Roberto Gil Zuarth, Luisa Calderón Hinojosa, Héctor Larios Córdova, Juan Bueno Tonorio, entre otros, denuncian en su escrito ante el procurador general de la República “la comisión de hechos probablemente delictuosos, cometidos en agravio del patrimonio de la Federación, por las personas siguientes:
“Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz; Tomás Ruiz González, secretario de Finanzas y Planeación del estado; Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado; Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del estado; Pablo Anaya Jiménez, ex secretario de salud del estado; Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública del estado; Marcelo Montiel Montiel, secretario de desarrollo social del estado.
“Así como por los servidores públicos de cada una de las dependencias antes mencionadas, y algunos más, de otras dependencias del gobierno del estado, que estuvieron encargados de las áreas de administración de los recursos humanos, materiales y financieros, quienes fueron responsables de ejercer el gasto de los recursos transferidos por la Federación al Estado de Veracruz, por las aportaciones de los fondos que en el capítulo de hechos de esta denuncia se precisan, durante el ejercicio fiscal 2011, de los cuales se generó el quebranto patrimonial que se denuncia”.
La acusación menciona que los servidores públicos Iván López Fernández, contralor general del estado de Veracruz; Mauricio Audirac Murillo, ex titular del órgano superior de fiscalización del estado; Marlon Ramírez Marón, secretario de fiscalización del H. Congreso del estado, “a quienes las leyes y reglamentos respectivos les señalan obligaciones en materia de supervisión, vigilancia, y fiscalización de las aportaciones federales transferidas al Estado, de los fondos que se precisan en el capítulo de hechos de esta denuncia, y para que si de los mismos se deriva la comisión de algún ilícito penal, se sirva ejercitar las acciones penales y de reparación del daño, correspondientes, en contra de quien o quienes resulten responsables de los mismos”.
De acuerdo a las auditorías practicadas a cinco fondos federales por parte de la ASF, los acusadores señalan a las autoridades veracruzanas de generar un quebranto al patrimonio de la federación por la cantidad de 4 mil 532 millones 172 mil 771 pesos, razón por la cual, la Procuraduría General de la República deberá iniciar la averiguación previa correspondiente, a fin de determinar si se cometió algún ilícito penal.
“De ser así, se ejerciten las acciones penales y de reparación del daño correspondientes, en contra de quien o quienes resulten responsables de su comisión, por el manejo, ejercicio, inaplicación, o aplicación indebida de los recursos de los Fondos mencionados, así como a los servidores públicos de esa entidad, que omitieron supervisar y fiscalizar el manejo de esos recursos o lo hicieron incorrectamente”.
Del menoscabo a los recursos federales en que incurrió el gobierno de Veracruz, 3 mil 654 millones 21 mil 614 pesos corresponde al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo ente responsable es la Secretaría de Educación de Veracruz como lo dio a conocer Basta en la edición del viernes 15 de marzo pasado. En el informe de la ASF, se desconoce “la aplicación y destino” de más de 2 mil 719 millones de pesos.
A las mismas autoridades veracruzanas, a través SEFIPLAN, SECOM, SEDESOL, COPLADEM, COPLADEVER, se les acusa de causar daño o perjuicio al Fondo para la Infraestructura Social Estatal por 545 millones 306 mil 133 pesos. De esos recursos, Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) hizo una transferencia de la cuenta receptora del FISE, a una cuenta bancaria de inversión la cantidad de 495 millones 964 mil 789 pesos, y al 31 de diciembre del 2011, no se tenía saldo de esa cuenta bancaria receptora; se desconoce su destino y aplicación.
Al gobierno veracruzano, por medio de Servicios de Salud del estado de Veracruz (SESVER), se le responsabiliza de causar daño o perjuicio al acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa (Seguro Popular) por 235 millones 155 mil 813 pesos.
De los recursos auditados por la ASF, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) no ha podido esclarecer ni comprobar 72 millones de pesos que debieron destinar a cubrir gastos originados por el Seguro Popular para la atención de sus afiliados. Los SESVER indebidamente pagaron con recursos del Seguro Popular aportaciones patronales del ISSSTE, FOVISSSTE y otras cuotas, más de 100 millones de pesos, conceptos no pactos en el acuerdo de coordinación.
Además la misma dependencia pagó “por medicamentos que no son catalogados esenciales A UN COSTO MÁS ELEVADO, se decretó presunción de daño por más de 38 millones”.
Sobre las ayudas al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), a las autoridades veracruzanas, y como entes responsable la Secretaría de Seguridad Pública estatal, también se les acusa de causar daño o perjuicio por 96 millones 517 mil 581 pesos. Al mencionar el resultado de la ASF del FASP, la denuncia señala que la SSP estatal ejerció 3.4 millones en gastos no autorizados por la Mecánica Operativa.
Destaca que la dependencia estatal pagó “56 facturas por conceptos de rentas de carpas, sillas, impresión de lonas, renta de audio, combustible, compra de playeras, gorras, bordado de logos, renta de pantallas de Led y alquiler de planta de energía eléctrica, los cuales no están autorizados en la Mecánica Operativa del eje de Desarrollo Institucional”.
En su denuncia, los quejosos mencionan que el gobierno del estado, a través de los entes responsables SEFIPLAN, Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), DIF estatal y Universidad Veracruzana (UV), causó daño o perjuicio al Fondo de Aportaciones Múltiples por un millón 171 mil 628 pesos.
La demanda es una feria de irregularidades sin límites del gobierno de Veracruz, de Javier Duarte de Ochoa.
