Ciudad de México, México.– A fin de regular la nomenclatura de los espacios públicos y privilegiar en la asignación de terminología el derecho a la identidad cultural de la población, la diputada federal morenista, Claudia Tello Espinosa propuso modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos.
Asimismo, manifestó que la nomenclatura de calles, avenidas, colonias, barrios y demás espacios de la comunidad, no deben asignarse por imposición y mucho menos para reconocer a figuras públicas deshonestas o acusadas por diversos delitos.
“La nomenclatura debe coincidir con el contexto histórico, cultural o geográfico de cada espacio urbano, y debe considerarse aquellos nombres que contribuyan al Derecho de Identidad Cultural, no asignando o reconociendo a servidores públicos en funciones o ex servidores públicos que se vinculen a actos de corrupción o delictivos”, puntualizó en un comunicado.
Para ello, señaló se establece reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus artículos 74, 3 y 93.
La propuesta determina garantizar la participación ciudadana en la actualización o modificación de la nomenclatura urbana, lo que permitirá la exclusión de nombres de personas vinculadas a actos de corrupción o delincuenciales.
Además de garantizar que durante la recuperación de los espacios, se respete el derecho a la identidad cultural de los ciudadanos, y también se atiendan valores históricos, así como, el reconocimiento a personas que hayan actuado con honestidad y al servicio de la comunidad.
“El objeto es establecer las bases para que las legislaturas de los Estados, determinen los procedimientos para que las y los ciudadanos puedan ejercer acciones para el cambio de la nomenclatura urbana en sus municipios, alcaldías o ciudades, rescatando los principios de participación democrática y ciudadana”, señaló.
En ese tenor, la legisladora argumentó que, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 18, se comprende el derecho para atribuir nombre a las comunidades, lugares y personas, en su propio idioma y mantenerlos, dado que “la atribución o el cambio de nombres no consentidos constituyen actos de imposición y de agresión cultural”.
“La nomenclatura de calles, avenidas, colonias, barrios o unidades habitacionales no solo es información que permite la ubicación de un domicilio o lugar en una población, o el registro catastral ante la autoridad, también representa un signo de identidad para sus habitantes”, aseguró.
La iniciativa propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados.
