Plantea oposición iniciativa para considerar agresiones contra personal médico como delitos

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Ciudad de México, México.– Las diputadas del PRD Mónica Almeida López y Claudia Reyes Montiel exhortaron a las autoridades federales y estatales a proteger a los médicos, enfermeras y demás personal de la salud y resguardar su seguridad, pues son quienes se encuentran en la primera línea de combate contra el Covid-19.

En comunicados por separado, sostuvieron que esta pandemia ha generado efectos adversos históricos en el mundo y por ende en Mexico, el cual ha impactado en múltiples áreas de competencia gubernamental, pero una de las más alteradas y que ha prendido los focos rojos, es el referente a la integridad, seguridad y salud del personal médico y de enfermería.

Almeida López sostuvo que las constantes agresiones a personal médico, así como las amenazas de quemar, cerrar o afectar las instalaciones o insumos médicos para atender la pandemia del Covid-19, ya son un tema de preocupación nacional, en virtud de la reincidencia de este tipo de actos y su tendencia a la alza.

Refirió que, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (Conapred), se han recibido 97 quejas relacionadas con coronavirus desde el 19 de marzo, de las cuales el 18 por ciento fueron denunciadas por trabajadores de unidades médicas, lo que representa una amenaza para poder abatir la crisis sanitaria.

En ese sentido, informó que presentó una iniciativa que tiene por objeto tipificar en el Código Penal Federal estas conductas como delito, para que quienes las comentan, puedan realmente ser sancionados con penas privativas de la libertad y económicas. “Resulta obligatorio proteger a nuestros médicos y personal que está poniendo en riesgo su vida para cuidar la de todos, y como diputada me corresponde proponer una legislación con normas claras, precisas y exactas respecto de una conducta reprochable”, subrayó.

Por su parte, la diputada Claudia Reyes Montiel denunció que ante la falta de atención de las autoridades en el Estado de México, se ha registrado un alto número de contagios por Covid-19 entre el personal médico que atiende pacientes infectados con este virus, pues no cuentan con equipo de protección adecuado e insumos.

“Los lamentables casos de contagio en hospitales y cárceles, así como los problemas que se tienen en la entidad con respecto a la atención del virus, son una muestra del desinterés y falta de capacidad de las autoridades estatales. Es lamentable ver que esta situación las ha superado, y sea la población la que sufra estos errores, lo que nos han llevado a ser la segunda entidad con más casos de contagiados en el país”, asentó.

Resaltó que en la fase 3 de la emergencia sanitaria, es fundamental y urgente implementar todas las medidas necesarias para que el personal médico y administrativo que, literalmente, deja su vida en cumplimiento de su labor, no se vea perjudicado por omisiones y falta de interés de las autoridades.

Refirió que 35 trabajadores que laboran en el Hospital General de Atizapán Salvador González Herrejón, se han infectado de coronavirus; dos han fallecido, dos más se encuentran internados y 23 se están en observación en sus casas.

Por su parte, la diputada perredista Azucena Rodríguez Zamora pidió que la iniciativa presidencial para reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ante el Covid-19, se turne también a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para su análisis, toda vez que el Ejecutivo Federal pretende desviar el fin de los recursos del Fondo Metropolitano.

“Se trata de una pretensión equivocada del Presidente, quien al parecer no entiende que la ampliación y conservación de la infraestructura de las grandes ciudades, así como la atención de los problemas comunes que afectan a municipios diversos, son prioritarias para el mejoramiento de la vida de las decenas de millones de personas que habitan las zonas metropolitanas del país”, apuntó en un comunicado.

Explicó que el Fondo Metropolitano es un mecanismo mediante el cual el Estado asigna recursos para proyectos de infraestructura para la atención de las crecientes necesidades de servicios públicos de las 74 zonas metropolitanas del país, en las que habita el 63 por ciento de la población nacional.