CARMEN ARISTEGUI: UNA VOZ CRÍTICA Y NECESARIA

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Aristegui
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TIEMPO DE ALACRANES (Columna No.301)

—La Casa Blanca de Peña Nieto.

—Prensa y Poder en el sexenio de la Corrupción.

—Su Regreso en Alianza con Gpo. Radio Centro.

Por Hugo Sánchez Gudiño

 “El país vive un vendaval autoritario” (Carmen Aristeguí/Marzo-2015)

Cualquier cosa que hagamos no podemos iniciarla sin recordar a aquellas y aquellos periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor”(Carmen Aristegui/Septiembre 2018)

El margen de libertad de expresión a Carmen Aristegui es absoluto. Me parece que esta alianza es histórica”(Juan Aguirre/Septiembre 2018).

REGRESO EXISTOSO DE ARISTEGUI: En la tradición priista pura, la libertad de prensa sólo era tolerable en las publicaciones que llegaban a los muy pocos: libros y revistas. En la prensa escrita que tenía una audiencia mayor, la libertad era más reducida, como lo comprobó Julio Scherer cuando la Presidencia maniobró para sacarlo de la dirección de Excélsior en 1976. En la televisión y la radio, con audiencias masivas, había sido casi total, pues esos medios eran —¿siguen siendo?— como lo dijera Emilio Azcárraga Milmo dueño de Televisa “soldados del PRI y del presidente”. El equipo de investigación de Aristegui encabezado por el despedido Daniel Lizárraga convirtió en 2014 en noticia nacional y mundial el caso de un posible conflicto de intereses del Presidente y un contratista del gobierno a propósito del descubrimiento de la Casa Blanca, casa familiar del Presidente con un valor de 7 millones de dólares y registrada a nombre del grupo empresarial Higa. Hasta hoy pocas noticias han afectado tanto la credibilidad de la actual Presidencia como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la Casa Blanca. Para entender la razón de fondo de la cancelación del programa —y del proyecto— de Aristegui se debe partir del supuesto que la conducta de MVS es racional. No destruyó su mejor noticiero por una mera infracción a la cadena de mando. La empresa debió estar buscando intercambiar el programa que la periodista dirigía para evitar represalias u obtener ventajas en otro renglón. Y es aquí donde entra un muy probable factor externo en este bochornoso acto de censura: el ya saliente gobierno de Enrique Peña Nieto. 

PERIODISTA INCOMODA DEL RÈGIMEN

La salida de la periodista Carmen Aristegui del grupo radiofónico MVS causó polémica nacional e internacional, medios como The New York Times, The Guardian, El País, BBC, El País, The Economist y Forbes dieron la noticia explicando que MVS despedía a una periodista incómoda para el régimen y al equipo de reporteros—encabezado por Daniel Lizárraga–– que investigó y dio a conocer el conflicto de interés en la adquisición de la Casa Blanca, una residencia de 80 millones de pesos que la esposa del Presidente, Angélica Rivera compró a través de Grupo Higa, contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y ganador, en el actual sexenio, de la licitación para construir el tren rápido a Querétaro, proyecto cancelado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT) días antes de que se revelara la investigación periodística.

Como ocurrió en 2008 cuando W Radio decidió no renovar el contrato de Aristegui y, en 2011, cuando MVS la saco del aire acusándola de violar su código de ética, sus colaboradores se fueron con ella y  un sector de la sociedad se volcó en su apoyo, junto con intelectuales, políticos, periodistas, activistas sociales, actores y miles de cibernautas. Su despido también fue abordado por sus competidores en la radio, sus críticos y detractores, y llevo al gobierno federal a deslindarse, diciendo que se trataba de “un conflicto entre particulares”.

Su salida del aire dejó un vacío para miles de personas que se han expresado a su favor en redes sociales: Los hashtags #EnDefensaDeAristegui;#EnDefensaDeAristegui2;#EnDefensaDeAristegui3; y #AristeguiSeQueda fueron treding topic en Twitter.

El espacio consolidado por Carmen Aristegui en MVS es referente de derechos y libertades fundamentales para el ejercicio periodístico. Es referente también de libertad de expresión, derecho a la información y Ética periodística.

Considerando el caso anterior, podemos decir que los medios de difusión masiva en nuestro país se han convertido en actores fundamentales de los cambios políticos, pasando a  ser los mediadores favoritos del gobierno federal para fortalecer su imagen, debilitar pública y mediáticamente a sus enemigos, promocionar sus actos y fabricar consensos. Aquí se inscribe el vínculo Prensa-Poder y Ética en México durante el sexenio 2012-2018 del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto en busca del control y sometimiento del ejercicio periodístico. Uno de los casos más significativos es la salida de la periodista Carmen Aristegui del grupo radiofónico MVS-Radio en 2015, generando un amplio debate nacional e internacional y activando una intensa polémica sobre las relaciones Prensa-Poder y la Ética del ejercicio periodístico en México.

DE NUEVO EN EL ESPACIO RADIOFÒNICO

En la historia moderna del periodismo mexicano sólo un gobernante aceptó haber realizado actos para perjudicar a medios de comunicación: José López Portillo, cuando ordenó en 1982, quitarles la “publicidad oficial” a diversas revistas que lo criticaban (“Te pago para que me pegues?¡Pues no, señores¡”).Y solo un empresario aceptó haber recibido presión de funcionarios gubernamentales para incidir en asuntos de su negocio: Joaquín Vargas Guajardo, presidente de MVS, reconoció ante los medios, en agosto de 2012, que Alejandra Sota, entonces coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, le exigió en febrero de 2011 que no recontratara a Carmen Aristegui —despedida por Vargas ese mismo mes— so pena de perder sus concesiones en la banda 2.5 MHz.

Después de tres años y medio fuera de la frecuencia radiofónica, una demanda millonaria y un allanamiento a su redacción, la periodista volvió a través de una alianza con Grupo Radio Centro: Por lo tanto: recuperar y darle valor y dignidad, así como eficacia política, a la información y la comunicación social supone entenderlas como bienes públicos, de lo cual tendría que emanar una legislación donde explícitamente se consignaran deberes y derechos de los actores involucrados directamente pero también los de una sociedad ansiosa de comunicarse y de ser informada verazmente.

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