Ciudad de México, México.– Busca imponer prisión de uno a seis años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como el decomiso, a quien porte, fabrique, importe, venda o acopie, sin un fin lícito o con la intención de agredir, réplicas que tengan la forma, apariencia o configuración de un arma de fuego o explosivos, propone la diputada pevemista, María del Rocío Corona Nakamura.
En una iniciativa turnada para su análisis a la Comisión de Justicia, plantea reformar el primer párrafo del artículo 160 del Código Penal Federal y con ello atender uno de los temas más sensibles para el país: la seguridad.
Señala que el uso de armas réplica para cometer delitos en todo el país, es una realidad ante la cual no se pueden cerrar los ojos y cruzar los brazos; se requiere hacer algo al respecto urgentemente.
Es impostergable que todos, desde sus trincheras, cooperen y contribuyan en el combate, la sanción, la denuncia y la prevención del delito, así como poner atención, empeño y esfuerzo en el cuidado de las víctimas, subraya.
Advierte que el uso de réplicas de armas para cometer algún ilícito es un delito sumamente grave por su prevalencia, frecuencia y además por el daño emocional y económico que ocasiona a las víctimas.
Destaca que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el 2020 al menos tres de cada cuatro de los robos que se cometieron en el país se realizaron con un arma de fuego.
El robo o la comisión de algún delito con el uso de armas réplica es una realidad que no se tiene verdaderamente dimensionada, que no ha sido advertida, convirtiéndose en un dolor de cabeza tanto para autoridades como también para la sociedad en general, agrega.
Por ello, considera que con esta reforma no solo se daría un paso en la batalla contra del uso de armas réplica para la comisión de diversos delitos, sino que también se protegería a la ciudadanía ante esta lacerante inseguridad y violencia.
Asimismo, se ofrecería un instrumento más para que las autoridades encargadas de proveer y administrar justicia en el país, así como las corporaciones que están encargadas de ofrecer seguridad, desempeñen mejor su encomienda.
