Ciudad de México, México.– El diputado Rafael Hernández Soriano solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el uso de combustible robado en los trabajos relacionados con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que resulta claramente un delito grave cuanto más condenable en la medida en que las pérdidas de PEMEX por el hurto son pagadas por los consumidores a través del “gasolinazo” y los contribuyentes por medio de impuestos.
El legislador perredista y presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para darle seguimiento a esta obra -la más costosa del presente sexenio- dirigió este 16 de marzo una denuncia de hechos al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.
En su escrito, citó los delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que, de oficio, debe perseguir la PGR, particularmente por indebida sustracción, aprovechamiento, compra, enajenación, recepción, adquisición, comercialización, negociación, resguardo, transporte, almacenaje, distribución, posesión, suministro u ocultamientos de esos productos.
Mencionó también las sanciones a las que son sujetos los funcionarios o servidores públicos que, teniendo conocimiento de la probable comisión de un delito en esta materia, no la denuncien ante la autoridad competente.
Sin demérito de lo que establezca el Código Penal Federal y otras leyes, solicitó a Elías Beltrán proceder conforme a Derecho y, en su caso, someter a proceso penal a quien o quienes resulten responsables, incluso si se trata del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, encargado por parte del gobierno federal de la construcción de la nueva terminal aérea y en cuya gestión se han revelado irregularidades en diversas obras.
Hernández Soriano relató que el pasado 10 de marzo, por invitación de vecinos preocupados, visitó San Agustín Actipan, municipio de San Juan Teotihuacán, para atestiguar la destrucción y daño ambiental de varios cerros, entre ellos los de Temeyón, La Cruz, Tetlacalco y Tecomaxuchitl, por la extracción de tezontle, basalto y otros materiales que sustituyen el lodo existente en el predio del Ex Vaso de Texcoco, donde se construye el nuevo aeropuerto, para darle firmeza al suelo y las pistas de aterrizaje y despegue.
En las inmediaciones de Tetlacalco, el legislador y sus colaboradores se percataron de una bodega y un contenedor clandestinos de combustible presuntamente robado en los cuales se abastecen transportistas que trasladan esos materiales de los mencionados cerros al Ex Vaso de Texcoco. Al notar su presencia, vigilantes del lugar con armas de alto poder y reservadas para uso exclusivo del Ejército los amagaron y amenazaron, “profiriendo frases que entrañan actitudes de inminente violencia física”.
Sobre su denuncia respecto a tales hechos, el legislador federal señaló que además de lo condenable de estas amenazas y agresiones a los vecinos y a sus colaboradores, lo es también el hecho de que desde el mismo gobierno se favorezca, por acción u omisión, el presunto robo de combustible y el quebranto a PEMEX, las finanzas públicas, los contribuyentes y a consumidores.
Mencionó al respecto investigaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados -como el documento de trabajo 253 “El Robo de Combustible: Asalto a la Nación”-, de acuerdo con el cual hay una relación directa entre el aumento en el robo de combustible y el encarecimiento para los consumidores en el actual sexenio.
Para dar idea de lo que esto significa, se destaca en dicho documento que de 2009 a 2012, PEMEX perdió 62 mil 761 millones de pesos debido a fugas y robo de combustible, mientras de 2012 a 2016 las pérdidas sumaron 97 mil millones de pesos. Todas estas pérdidas son absorbidas por los consumidores al pagar gasolina cada vez más cara.
De acuerdo con el mismo órgano legislativo, existe la presunción generalizada de que funcionarios públicos, entre ellos los adscritos a PEMEX, son cómplices de los ladrones. El uso del combustible robado para los trabajos de la terminal aérea presumiblemente involucra ahora a funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, de la SCT y a Ruiz Esparza.
Este delito -dijo Hernández Soriano- debe ser investigado y los responsables sancionados para regresar la tranquilidad a todos los vecinos que, de alguna forma u otra, son afectados por las irregularidades en torno a la construcción del nuevo aeropuerto y porque no es justo que mientras se roban el combustible para una obra pública, los “gasolinazos” ya sean cosa de todos los días, con el consecuente golpe a la calidad de vida de los mexicanos.
