Ciudad de México, México.– El 98 por ciento de vehículos del transporte público de la Ciudad de México que fueron verificados y sancionados el año pasado, por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), mejoraron su aspecto y funcionalidad debido al Programa de Inmovilización de unidades en mal estado.
Los dueños de taxis, microbuses y camiones tienen un plazo de 30 días para reparar las condiciones físico mecánicas de sus unidades que fueron detectadas por el personal del Invea al momento de la verificación. Los operativos son coordinados por Carlos Meneses, Secretario de Movilidad.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto el año pasado se realizaron 3 mil 193 suspensiones de actividades a igual número de vehículos que se detectaron en mal estado, de los cuales 3 mil 147 corrigieron los daños detectados en llantas, parabrisas, asientos, vestiduras, carrocería, sistema de luces, entre otros.
Sólo el 2 por ciento (46) incumplieron con dicho procedimiento, por lo cual se les aplicó una multa de 100 unidades de cuenta, además de que no se les entregaron sus documentos ni placas hasta que los desperfectos sean reparados.
De acuerdo con el programa, los ciudadanos reportan al Instituto de Verificación Administrativa (Twitter @DENUNCIAINVEAMX); a la Secretaría de Movilidad (al teléfono 5209 9913, extensión 1354 o por twitter @CDMX_Semovi, por Facebook Semovi_CDMX); o vía el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (al teléfono 5533 5533) los lugares en que detectan unidades del transporte público en mal estado, con esa información las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México desarrollan operativos de verificación.
Los dispositivos consisten en detener a los vehículos para realizarles una revisión físico mecánica, cuyos datos son ingresados en una acta de verificación; se les revisan frenos, llantas, ventanas, parabrisas, tableros de control, volante, carrocería y que las unidades no tengan modificaciones que afecten su buen funcionamiento, entre otras cosas.
Sí se les detectan desperfectos, se les informa a los conductores que sus vehículos no podrán prestar el servicio por un periodo que puede tardar hasta 30 días, tiempo en el cual podrán llevarlo a reparar al lugar de su preferencia. Se les colocan sellos de suspensión de actividades y se les retiran las placas.
Una vez reparados los desperfectos deben presentar un oficio en el que soliciten una nueva revisión de la unidad para constatar que fueron arregladas y con ello el retiro de sellos, así como la recuperación de sus placas.
Sí el resultado es positivo pueden volver a prestar el servicio con los vehículos reparados y sin haber pagado alguna multa.
En tanto que sí no los reparan en el plazo establecido no podrán circular y tendrán que pagar una multa de 100 unidades de cuenta.
Los operativos de verificación son constantes y aleatorios y con ellos se busca mejorar las condiciones de los vehículos que prestan el servicio de transporte público de pasajeros.
