Ciudad de México, México.– Debido al frecuente uso faccioso de la investigación pericial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y a la consecuente reiteración de la impunidad que provoca particularmente en casos de violación de Derechos Humanos, legisladores del GPPRD propusieron modificar su Ley Orgánica.
Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente coordinador y vicecoordinador del GPPRD en la Cámara de Diputados, e Isidro Pedraza Chávez, senador y secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentaron para ello una iniciativa a fin de reformar el artículo 4 de dicho ordenamiento.
En ese artículo se enlistan las responsabilidades de la PGR en su calidad de Ministerio Público de la Federación, como la de integrar la averiguación previa y la realización de las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, todo ello en función del Código Federal de Procedimientos Penales.
A pesar de la importancia de esta facultad, en casos donde se han denunciado violaciones graves a los derechos humanos no se ejerce con efectividad y, por el contrario, “se tiende a dar un enfoque faccioso a las investigaciones que limitan y obstaculizan su desarrollo”.
En su iniciativa, los legisladores perredistas consideran el caso de las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, como el más emblemático sobre el uso faccioso de servicios periciales para dar impunidad a quienes violaron los derechos humanos de esos alumnos.
Los peritajes que en un primer momento se arguyeron para sustentar la versión sobre lo sucedido con los estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala –a la que se denominó “verdad histórica”- no correspondieron a la realidad, por lo que se debió reabrir la investigación, misma que aún no concluye a casi tres años de los hechos.
En su iniciativa de reforma señalaron que las violaciones a los Derechos Humanos y la impunidad a quienes las cometen son una constante en el territorio nacional desde hace décadas, según lo han evidenciado y denunciados organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aún hoy, a cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto, estas violaciones continúan por parte de funcionarios y dependencias de su gobierno, como lo evidenciaron medios de comunicación nacionales e internacionales con el programa informático de espionaje “Pegasus”, en el cual estaría involucrada la propia PGR.
“Sin lugar a dudas es un acto reprobable que transgrede los derechos de las personas y respecto al cual el Congreso de la Unión no puede estar al margen, sobre todo cuando se suscitan acusaciones de que el propio gobierno participa, ya que éste no puede ser juez y parte”, indica la propuesta.
Recordaron que, en casos paradigmáticos, la misma PGR y procuradurías locales de justicia ya han recurrido a peritajes externos, como en 2005 con el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua; en 2010 con el secuestro y asesinato de 72 migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas; en 2013 con el asesinato de 12 jóvenes de Tepito sustraídos del Bar Heaven, y en 2015 y 2016 con el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
“En todos estos supuestos –argumentaron Martínez, Zambrano y Pedraza-, la participación de peritajes externos ha sido fundamental para esclarecer los hechos y evitar la impunidad que se ha señalado, principalmente cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos”.
Lo anterior justifica que, cuando se denuncien violaciones graves de Derechos Humanos, la PGR pueda allegarse peritajes externos a fin de atender el reclamo de justicia por parte de las víctimas y por ello es necesario modificar la legislación en lo que respecta a peritajes para la integración de la averiguación previa.
Específicamente, los legisladores perredistas propusieron agregar entre las facultades del Ministerio Público Federal que, “en los casos donde se denuncien violaciones graves de derechos humanos”, ésta pueda “allegarse de peritajes externos”.
