Miguel Alonso Raya, coordinador del GPPRD, y sus compañeros Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Fernando Belaunzarán Méndez señalaron que pese a la sofisticación con la que el PVEM quiso encubrir su ilegal y anticipada campaña electoral, fue denunciado y sancionado por las autoridades electorales.
No podía ni debía ser de otro modo, pues se trató de violaciones graves, sistemáticas y fraudulentas en las que utilizó recursos públicos y privados de origen ilegal para para contratar y adquirir, también ilegalmente, la transmisión de aproximadamente 300 mil spots en Televisa y TV Azteca.
Además, contrató, compró y pagó espectaculares y propaganda fija en incontable número de espacios en vía pública, los llamados “cineminutos” a precios preferentes en salas cinematográficas del país, inserciones en revistas del Grupo Televisa y tarjetas de descuento que aún distribuye entre la población.
Por si fuera poco, manipula programas sociales del gobierno federal sobre vales de medicina, utiliza materiales no biodegradables en diversos objetos utilitarios propagandísticos y aprovecha indebidamente datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral.
Ante tanta ilegalidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a multarlo también reiteradamente, hasta alcanzar al momento un global aproximado de 200 millones de pesos, lo que equivaldría a descontarle casi el 50 por ciento del dinero público que se le entrega a dicho partido, es decir, el 50 por ciento de los 444 millones 700 mil pesos.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el INE carece de facultades para cobrar –o retener- el equivalente a tales multas mientras el mismo Tribunal, en última instancia, no emita sentencia definitiva.
Pero el Tribunal no parece tener prisa ante las varias multas por cobrar, pues difirió la resolución de varios asuntos, tanto en la Sala Regional Especializada como en la Sala Superior.
