Mientras estudiantes y profesores de la Facultad de Economía (FE) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se declararon en campaña permanente para exigir la liberación de Claudia Iveth Trejo Gómez, una de las 11 mujeres detenidas tras la jornada de protestas del pasado primero de diciembre.
En conferencia de prensa informaron que realizarán brigadas para solicitar apoyo económico, de difusión, boteo y organización de visitas en el penal de Santa Martha Acatitla donde permanece detenida.
También dieron a conocer la creación del Comité en Defensa de Jóvenes Estudiantes en Defensa de los Derechos Humanos, cuyo objetivo será la “protección de la comunidad universitaria ante el estado policiaco que ha detenido a nuestros compañeros y que pretende intimidarnos y hostigarnos”.
Miriam Pascual, abogada de Claudia Iveth, profesora adjunta de la FE, detalló que en el caso de las 11 mujeres detenidas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha presentado “ni un sólo video en el que se detecte a una mujer en actos de vandalismo”, por lo que exigió la liberación inmediata de las detenidas.
Explicó que las fuerzas policiacas incurrieron en diversos delitos como abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, por lo que anunció que interpondrán una denuncia ante las autoridades competentes para que se dé con los responsables. Y agregó que hasta el momento se han documentado “cuatro casos de tortura” contra igual número de consignados.
En cuanto a las irregularidades en las detenciones y procesos contra los 69 detenidos en la causa 287/2012 por el delito de ataques a la paz pública en padilla, la litigante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos afirmó que en poco más de 50 casos “no hay elementos probatorios que demuestren que los imputados incurrieron en actos vandálicos. Se trata de detenciones arbitrarias.
Jessica Trejo, hermana de la joven docente, afirmó que como familiares también han padecido la represión del Estado, porque desde la noche del sábado y la madrugada del 2 de diciembre “nos aplicaron un cerco a fin de impedir nuestro ingreso a la agencia 50 del Ministerio Público, por lo que solo hemos podido hablar con nuestros familiares hasta ayer”.
Han sido cinco días, agregó, “muy difíciles, donde ya se ve en el semblante de mi hermana y de sus compañeras el deterioro sicológico y moral, pero también la necesidad de ser optimistas y no darse por vencidas”.
