Ciudad de México, México.– Si queremos un futuro más promisorio y sustentable para el planeta es necesario retomar, con mayor fuerza, la discusión sobre la justicia ambiental e impulsar acciones concretas en la academia, consolidando la ecología política como campo de estudio importante e indispensable, aseguró la secretaria General de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Patricia Martínez Torreblanca.
Durante el Coloquio Internacional Transformación Socioecológica y Justicia Ambiental, trayectorias, disputas y nuevos imaginarios, consideró: existe profundo trasfondo histórico sobre la apropiación de la naturaleza latinoamericana, que ha situado a las comunidades de la región en lucha permanente para desarrollarse de manera autónoma, de abajo hacia arriba.
Nuestro contexto nos exige, como científicos sociales, con razones de peso, el perfeccionamiento de la justicia ambiental y la paulatina, pero sólida, transformación socioecológica, dijo.
De acuerdo con la experta, es necesario garantizar que las preocupaciones por las consecuencias que afectan nuestro metabolismo social se constituyan en ocupaciones reales y efectivas, en aras de sobrevivir como especie, de proteger y ejercer plenamente nuestros derechos, salvaguardar la dignidad humana del planeta y, al mismo tiempo, procurar escenarios de vida más prósperos.
Martínez Torreblanca enfatizó que la verdad detrás de la declaración del medio ambiente es tan basta, que rebasa el discurso globalizado sobre el calentamiento global.
La sobreexplotación de recursos y territorios, segregación y múltiples luchas que contravienen el progreso igualitario de las diferentes poblaciones del mundo, se circunscriben a asuntos de carácter productivo o industrial, no se reducen adversidades derivadas del aumento poblacional, mucho menos pensamos que se solucionan con políticas centralizadas, acciones individuales o proyectos políticos o públicos, de manera aislada, añadió.
“En los últimos años toda América Latina se ha visto envuelta en una oleada de violencia directamente relacionada con la protección de los ecosistemas, el resguardo y la recuperación de territorios y sus poblaciones originarias, la reproducción y el cuidado de especies endémicas y la organización comunitaria, para concientizar sobre la importancia de recurrir a los instrumentos jurídicos y existentes o reclamar la creación y aplicación de los mecanismos necesarios, que nos permitan prevenir y contrarrestar la criminalidad ambiental”, alertó.
Para el coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS, Fausto Quintana Solórzano, a partir de la perspectiva de las relaciones internacionales el tema de la crisis ambiental y la transformación social ecológica con justicia ambiental es un tema pendiente que no ha sido discutido con la profundidad que se requiere.
En la actualidad tenemos una agenda cargada de informes de los organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, que no van al fondo del problema ni de las implicaciones del desarrollo.
La crisis ambiental que estamos viviendo es recargada, las expresiones son variadas y su profundización ha roto el equilibrio entre las actividades de la población y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, aseveró.
No es una crisis como la de los años 80 donde había un desastre ambiental y contaminación transfronteriza; ahora es sistémica, es una crisis de los bienes comunes, del espacio, territorio, que afecta precisamente a la población, precisó.
Quintana Solórzano resaltó que la ecológica que enfrentamos es producto del progreso y expansión del capitalismo en todas las escalas, en donde se registra sustitución de las hegemonías, particularmente la de Estados Unidos por China.
Pero el dinamismo de la nación asiática en su expansión de actividades económicas, productivas, comerciales -que tendrá mayor impacto negativo y ahora con la aceleración del nuevo extractivismo- pone en peligro la estabilidad socioecológica del orbe, subrayó.
Al hacer uso de la palabra, la investigadora del Centro de Investigaciones Sociológicas Económicas Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Urphy Vásquez, recordó:
Desde hace tres años, el grupo de trabajo metabolismo social y justicia ambiental del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en el que participan más de 50 académicos e investigadores de Latinoamérica, del Caribe y de Europa, trabajan en propuestas específicas para solucionar los conflictos socioambientales y del extractivismo, con un enfoque transdisciplinar.
A su vez, el investigador del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Antonio De Lisio, destacó que cuando se habla de trayectorias, disputas y nuevos imaginarios, la propuesta es pensar en una articulación territorial distinta a la que nos han dado estos 500 años de colonización y de historias republicanas en las naciones latinoamericanas.
