Ciudad de México, México.– Luego de acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y a la seguridad personal, por actos de tortura cometidos por al menos seis elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en contra de una persona durante su detención, ocurrida el 16 de abril de 2011, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 125VG/2023 dirigida a la SEMAR.
La Comisión Nacional recibió un escrito de queja, el 3 de junio de 2021, en el que la víctima refirió que fue detenido el 16 de abril de 2011 en el domicilio donde se encontraba alojado, cuando elementos de la SEMAR ingresaron por la fuerza. La queja señala que los elementos marinos le vendaron los ojos con cinta, lo pusieron contra la pared e interrogaron mientras lo golpeaban, además de que lo trasladaron a un rancho en el que le descubrieron los ojos, le quitaron los zapatos y le colocaron una cadena en el cuello para luego ser jalado con ella. Igualmente, agrega que lo amenazaron con matarlo a la vez que le preguntaban por hechos que desconocía; lo obligaron a sujetar un arma larga y le colocaron una bolsa en la cabeza mientras le apuntaban con un rifle, aunado a que permaneció por más de 24 horas bajo custodia e interrogatorio de los elementos de la SEMAR, quienes le cuestionaban sobre hechos relacionados con la muerte de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Por su parte, las personas servidoras públicas señaladas como responsables de los hechos, refirieron en sus informes que, en cumplimiento de acciones de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, montaron un dispositivo de seguridad alrededor de un inmueble, donde se percataron que salían tres personas con armas largas, por lo que, al estar en presencia de un delito flagrante procedieron a su detención.
Con la valoración de pruebas, informes y otros elementos integrados en el expediente, entre los que se encuentran dictámenes de integridad física y de medicina forense en mecánica de lesiones, la CNDH encontró elementos suficientes para acreditar que la víctima fue objeto de actos de tortura por parte de, al menos, seis elementos aprehensores, quienes son identificables por haber suscrito la puesta a disposición de la persona detenida, y al hacerlo resultaron ser responsables de garantizar su integridad y seguridad personal durante su retención y traslados. También se comprobó que las seis personas servidoras públicas señaladas como responsables, transgredieron los derechos a la integridad y a la seguridad personal de la víctima, anulando el principio de legalidad con un procedimiento que no estuvo apegado a la normatividad y cometiendo actos de tortura física y psicológica.
Asimismo, con base en los dictámenes médicos de integridad y de mecánica de lesiones, la CNDH pudo evidenciar la presencia de múltiples lesiones en la víctima, y que temporalmente éstas fueron producidas mientras estuvo bajo custodia de la autoridad naval que lo detuvo, sin que la SEMAR presentara una explicación creíble, fundada y razonable respecto al origen de tales lesiones, como parte de la investigación realizada por la CNDH.
Por estos hechos, la SEMAR deberá proceder a la inmediata reparación integral del daño ocasionado, considerando la medida de compensación proporcional, con base en los criterios legalmente establecidos para ello, y en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá brindarle la atención médica, psicológica y de rehabilitación que requiera, proporcionada por personal profesional especializado, de forma continua, gratuita y de manera adecuada a los padecimientos sufridos, en plena correspondencia a su condición de salud.
La SEMAR deberá colaborar ampliamente para la reapertura e integración de la Carpeta de Investigación del caso y, de ser necesario, iniciar una nueva, con el fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y sancione los delitos cometidos. Para ello, la institución recomendada deberá atender todos los requerimientos de información que se le realicen y deberá aportar las evidencias con las que cuente. Igualmente, la SEMAR deberá impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos, dirigido específicamente a las autoridades señaladas como responsables, enfocado en el respeto a los derechos humanos y a la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el cual deberá ser impartido por personas que acrediten estar certificadas y con suficiente experiencia en la materia.
La Recomendación 125VG/2023 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página web cndh.org.mx
