TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Sin contención y con todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de Mario Delgado, el senador Félix Salgado Macedonio afirmó que si él no es candidato, no habrá elecciones a gobernador el 6 de junio en Guerrero.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica la cancelación de su candidatura, despídanse de la paz en este estado, dijo el fin de semana.
Con el apoyo de su amigo -¿compadre?-, del mismísimo Presidente, quien advirtió que al cancelarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio el INE se convertía en el ‘supremo poder conservador”.
“… en administraciones pasadas el INE incluso daba registro a candidatos que no cumplían con los requisitos”, afirmó.
Sólo le faltó decir que como se lo dio a él cuando se postuló para competir como candidato del PRD a la Jefatura de Gobierno de la CDMX-DF, ya que no cumplía con el requisito de ser habitante de la capital durante al menos 5 años anteriores. Su credencial de elector tenía como su dirección la de Tabasco. Esto lo denunció su entonces contendiente Pablo Gómez, quien ahora desde la Cámara de Diputados se somete a todos los caprichos de AMLO.
En su respuesta desde Coyuca de Benítez, Salgado Macedonio acusó al Consejo General del INE de ser una autoridad parcial, comparsa de terceros que pretende impedirle ser gobernador de Guerrero.
“Si el INE, si el Trife, van a decir que yo no seré el candidato, entonces Morena se queda sin candidato, ¿y qué pasa?… entonces el mensaje que nos están mandando es que el 6 de junio no habrá elecciones…
“No va a haber elecciones en Guerrero para gobernador el 6 de junio, se los digo de una vez”, reiteró ante el júbilo de u n centenar de sus simpatizantes.
Envalentonado, entrón, rijoso como suele ser, agregó:
“¡Yo soy candidato porque el pueblo de Guerrero así lo decidió!. Yo no soy delincuente, no he cometido ningún delito, por lo tanto, tengo el derecho de ser gobernador”.
Adelantó que él continuará en campaña porque no ha sido notificado de la resolución del INE.
“No me han notificado como candidato ni a mí ni a Morena. Ahora que me notifiquen debo de suspender la gira. Yo suspendo las apariciones públicas de acuerdo a la ley. Vamos a dar la lucha legal jurídica”.
Previamente en su primera aparición como candidato formal, denunció ser víctima de un “linchamiento político y mediático sin precedentes”.
“Hasta el día de hoy he sido objeto de un linchamiento político y mediático, sin precedentes alguna en la historia de México, auspiciado y patrocinados por los intereses oscuros y los poderes fácticos, cuyo principal objetivo es obstaculizar el proyecto de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Dijo tener una trayectoria política de más de 30 años lapso en el que ha trabajado por construir un México distinto, comprometido con sus ideales en favor de todas y todos los guerrerenses.
“Por décadas he caminado a lado de mujeres y hombres valientes para construir la democracia”, afirmó.
Así las cosas con Félix…
Y AMLO VA DE NUEVO…
Bajo el argumento de defender la seguridad nacional junto a la seguridad energética, y la economía nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso vía la Cámara de Diputados una nueva propuesta para que se le den las facultades de suspender o intervenir cualquier permiso a empresas privadas que participan en la cadena de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, expendio al público y exportación e importación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
De nuevo su obsesión por controlar todo en el sector energético.
Esta nueva iniciativa, busca se reforme la Ley de Hidrocarburos.
Así, dicen a botepronto expertos en este sector, ahora AMLO iría directo y rápido a la estatización, nacionalización de empresas de energía del sector privado. Algo similar a lo hecho en su tiempo por Hugo Chávez.
AMLO aduce que esta iniciativa surge porque ve “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional” en la operación privada de fuentes de energía.
Y que los cambios legislativos que propone “están encaminados a la mayor eficiencia de su producción y uso, así como garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos a toda la población, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales, devolviéndole a las empresas productivas del Estado un papel más activo en las actividades que la Reforma Energética le abrió las puertas a la iniciativa privada”.
O sea, otra vez lo mismo que la Suprema Corte ya le canceló al anular la llamada Ley Nahale y lo mismo que le suspendieron jueces al anular la Reforma a la Ley de Energía Eléctrica.
En los hechos esta insistencia en reformar las normas y convenios privados del sector energético, significaría una violación del T-MEC y un enfrentamiento abierto con capitales fundamentalmente estadounidenses, es decir, buscan romper con el Gobierno de Joe Biden.
¿Y luego qué…?
¿Y QUÉ CREEN?… EL TRIFE POSPUSO EL CASO PÍO
De manera más que explicable y que ratifica la abierta, obscena supeditación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus magistrados anunciaron que posponen durante 4 meses su fallo respecto del abierto y público financiamiento ilícito de millones de pesos en que incurrió Pío López Obrador, hermano del Presidente de México, al recibir dinero ilegal, no reportado para la campaña presidencial de Morena.
Este fallo tiene que ver con definir si el INE puede concluir o no las investigaciones que determinarían que hubo dinero corrupto en las arcas de Morena partido entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Habría que recordar que el propio mandatario aceptó en una de sus mañaneras que su hermano sí recibió estos millones de parte de David León, entonces un personero del gobernador de Chiapas, Manuel Velazco, dedicado a estos asuntos.
El presidente dijo que no hubo delito porque ese dinero entregado en grandes sobres por León y recibido por Pío en encuentros a la sombra de restaurantes y en la sala de su casa, eran de “aportaciones” y no de embutes o chayos políticos.
A fines de la semana anterior se cumplieron 4 meses desde que, en noviembre de 2020, el llamado grupo de los cuatro magistrados que no están afiliados a la voluntad del presidente López Obrador, logró la mayoría para echar abajo un recurso del hermano del Presidente, quien pretendía se desechara la investigación en su contra abierta por el INE por recibir millones de pesos en forma ilegal para campañas de Morena, partido liderado entonces por AMLO.
El caso de Pío se pospone a pesar de que la norma indica que este tipo de procesos no debe rebasar los 22 días.
En noviembre anterior, el magistrado Indalfer Infante propuso desechar la queja de Pío López Obrador, quien se inconformó por la investigación que realiza el INE, a fin de comprobar si son ciertos los videos que muestran a Pio recibiendo de David León en 2015 sobres con cientos de miles de pesos en efectivo para las campañas de Morena, como Carlos Loret difundió a través de Latinus, bajo la aclaración de que esto era del conocimiento de Andrés Manuel López Obrador.
Entonces los magistrados José Luis Vargas (reconocido como el magistrado billetes), Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y la magistrada Mónica Soto -de simpatías pejistas-, decidieron turnar el proyecto a otro magistrado, para que se analicen de fondo las afectaciones al investigado.
“Los elementos son ilegales porque ha operado la prescripción y está basado en pruebas ilícitas que son contrarias a los derechos humanos, a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la intimidad y a la privacidad. Pedirle que aporte pruebas puede ser también violatorio de la Constitución por estar vinculado a una posible autoincriminación”, dicen los magistrados pro-AMLO.
O sea…
