Ciudad de México, México.– Los Poderes Judiciales Federal y de las entidades podrían publicar y actualizar todas las sentencias y sus procedimientos, de acuerdo a una iniciativa presentada por las diputadas Martha Tagle Martínez (MC) y Ana Lucía Riojas Martínez (Independiente) en colaboración con el colectivo “Lo Justo es que Sepas”.
La propuesta, suscrita por integrantes de los grupos parlamentarios de MC, Morena, PAN, PRI, PRD y la legisladora independiente, busca reformar al artículo 73 de la Ley General de Acceso a la Información Pública.
En conferencia de prensa, Tagle Martínez aseveró que en el marco de la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es necesario conocer las posturas de jueces y magistrados.
Detalló que la iniciativa propone que se dé a conocer a la población en general las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias; y las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno de la Corte.
“Eso nos va a permitir identificar si los jueces y magistrados tienen criterios homologados para diferentes casos y no tienen criterios diferentes para casos que son similares; y, sin embargo, aplican la justicia dependiendo muchas veces de la corrupción en el Poder Judicial”, expuso.
Riojas Martínez se congratuló de presentar esta iniciativa fundamentada en una investigación del colectivo “Lo Justo es que Sepas”, que actualmente revisa el sistema de impartición de justicia en el país.
Ana Pecova, integrante de este colectivo y de “X Justicia para Mujeres”, sostuvo que el Poder Judicial “es uno de los más opacos en el país”, del total de las solicitudes para acceder a la información que se reciben anualmente, sólo el 2 por ciento están dirigidas a este órgano del Estado, “ésto lo que nos muestra es una grave falta de interés y conocimiento del Poder”.
Indicó que el panorama empeoró con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que representó un retroceso legislativo, pues redujo la obligación de publicar todas las sentencias de los estados a únicamente las que el propio Poder Judicial considere de interés público y sin que este concepto se definiera de manera clara.
A nivel local, ningún tribunal hace públicas todas sus sentencias, “tan solo 17 estados no han hecho pública ni una sola sentencia en los últimos dos años”, apuntó.
También, aseguró, que en los últimos 10 años se han gastado más de 600 millones de pesos para capacitaciones de derechos humanos y género, por parte de los Poderes Judiciales estatales, y sus resultados no son tangibles “porque no tenemos acceso a las sentencias judiciales”.
Leopoldo Maldonado, integrante de la organización “Artículo 19” y del colectivo “Lo Justo es que Sepas”, sostuvo que la justicia tiene que “ser verificable, evaluable y monitoreable, y no es así en las condiciones legislativas actuales”.
“Nos interesa conocer la justicia en general y hay ahorita una traba institucional y legislativa” particularmente porque “está en discusión la designación de la próxima ministra de la SCJN, para poder saber “hacia dónde se perfila ese importante contrapeso, que es el Poder Judicial.
