Ciudad de México, México.– El estado de derecho no puede generarse a menos de que se garantice la independencia de los juzgadores, por lo que se requiere de un compromiso genuino del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la preservación de la independencia judicial, afirmó el ministro Eduardo Medina Mora, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En sesión solemne en la que presentó el Informe de Labores de la Segunda Sala correspondiente a 2018, sostuvo que la diferencia entre un Estado democrático de derecho y un régimen que no lo es, no radica en un listado de derechos previstos en una Constitución, sino en un funcional y pertinente sistema de división de poderes y un adecuado modelo de contrapesos, que permita hacer exigibles en la práctica los derechos fundamentales.
“Los tres poderes del Estado tenemos un papel primordial para alcanzar y asegurar la consolidación del estado de derecho. Se requiere de un compromiso genuino del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la preservación de la independencia judicial. Se requiere también que el Poder Judicial respete los ámbitos de actuación que corresponden al Legislativo y Ejecutivo, conforme el lugar y naturaleza que les ha asignado el Constituyente”, aseveró.
El presidente de la Segunda Sala reconoció que un Poder Judicial independiente no es garantía, por sí mismo, de que existan condiciones necesarias y adecuadas para el estado de derecho, pero en cambio existe plena certeza de que este último no puede generarse a menos de que se garantice la independencia de los juzgadores.
Consideró que el respeto a las decisiones judiciales debe garantizarse incluso en los asuntos más polémicos que resuelven los impartidores de justicia, incluso en aquellas sentencias que no son populares ante la sociedad.
“Como jueces no respondemos a la voluntad de las mayorías sino a los principios tutelados por nuestra Constitución. No significa que nuestras decisiones sean inmunes a la crítica social, gubernamental o incluso académica. Reconocemos que el esquema y dinámica de impartición de justicia no es perfecta, y siempre existirán márgenes y espacios para mejorar las condiciones en que se ejerce la función jurisdiccional”, aclaró.
El ministro Medina Mora reconoció que los jueces no son, naturalmente, los únicos guardianes del Estado de derecho, pero insistió en que el papel de éstos en su mantenimiento es crucial, pues cuando se violentan los principios que rigen a nuestro sistema jurídico, son los jueces quienes, en última instancia, tienen la responsabilidad de velar por el orden constitucional.
Destacó que si bien un Tribunal Constitucional como la SCJN debe ser deferente con la realidad, con el contexto del país y la sociedad, el mundo atraviesa una época convulsa en la que comienzan a agrietarse las columnas sobre las que se han construido las democracias, y pidió estar alertas de que esto no suceda en México.
“La vida institucional de nuestro país se ha construido por generaciones enteras a lo largo de varias décadas. Ese andamiaje no se puede dar por sentado: lo que se construye con grandes esfuerzos durante muchos años puede desaparecer de un día para otro. Por eso debo insistir en nuestra labor en la construcción del Estado derecho, en la salvaguarda de la división de poderes y en la tutela de los derechos fundamentales de las personas”.
En un contexto en el que la vida pública parece estar marcada por una lamentable polarización ideológica, la función de los jueces no consiste solamente en leer de manera lógica las normas generales y valorar pruebas de modo objetivo, sino que es una labor de enorme responsabilidad que exige apreciar los hechos en el contexto de cierta realidad social, política y económica, y, en muchas ocasiones, ponderar principios constitucionales de la mayor trascendencia para la estabilidad del país, reflexionó.
“Tenemos el deber de que nuestras sentencias sean razonables, pertinentes y accesibles a la sociedad a la que servimos. Quienes integramos al Poder Judicial debemos recordar que una Constitución es lo que estamos obligados a proteger; un país democrático es lo que intentamos consolidar; y un estado de derecho es lo que estamos llamados a construir”, enfatizó.
