Se les atribuye su participación en convocar, mediante presiones, a beneficiarias del mencionado programa a un evento político realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el sábado pasado.
Dicha medida se determinó como resultado de las investigaciones realizadas con base en los reportes de las propias beneficiarias de Prospera, que conforman la Contraloría Social, y las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.
La Secretaría de Desarrollo Social reitera que en la operación y administración de los programas sociales se conduce y conducirá con apego a la ley, a fin de evitar que en lo sucesivo se repitan este tipo de acciones.
De la misma forma se seguirá fortaleciendo en todo el país los mecanismos de control y vigilancia, a través de los Comités de Contraloría Social que desarrollan tareas de seguimiento y vigilancia de los recursos que reciben las titulares.
