En la primer sesión del 2017, el Consejo General del IEDF decidió, en consecuencia, ajustar su Programa Operativo Anual y el presupuesto de egresos, con base en las asignaciones autorizadas por la ALDF; también aprobó una solicitud de ampliación líquida al presupuesto institucional.
Entre las áreas con mayor afectación se encuentran la Secretaría Administrativa, con 43 por ciento menos recursos; la Unidad Técnica de Comunicación Social y las tareas de difusión que realiza que contará con 29% menos de los recursos solicitados, y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, con un monto de 34% menos de recursos.
Sin embargo, la reducción presupuestal no afectará el financiamiento público directo para los partidos políticos con registro en la Ciudad de México, habida cuenta que su determinación se basa en una fórmula establecida legalmente; y por ende, su determinación no es variable, ni puede ajustarse fuera de esos parámetros. Los partidos políticos con registro recibirán un total de 377 millones 227 mil 719.48 pesos.
En virtud de ello, el IEDF contará con 819 millones 179 mil 754.52 pesos para solventar los siguientes gastos: a) De operación ordinaria; b) gasto de operación para la organización del Proceso Electoral Local 2017- 2018; c) gasto de operación para la organización del Procedimiento de Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018; y d) Apoyos materiales para los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos.
Para el consejero Carlos González Martínez es una pena que el ajuste al presupuesto solicitado se presente cada año. Ello, indicó, me lleva a la consideración sobre la necesidad de preservar la autonomía de los órganos constitucionales autónomos respecto a la suficiencia presupuestal con que deben contar para operar.
Refirió el consejero González que este año, tenemos una triada conformada por las tareas de fomento a la educación y cultura cívica, la organización de los instrumentos de participación ciudadana y el inicio de la preparación del proceso electoral. El funcionario electoral lamentó que exista una percepción pública bastante equívoca de que cuando no hay elecciones los institutos electorales no hacen nada, no obstante que se hace más en calidad, sobre todo en fomento a la cultura cívica y participación ciudadana.
La consejera Dania Paola Ravel Cuevas afirmó que el recorte presupuestal afecta las actividades del Instituto Electoral, ya que se minimiza, sobre todo, el gasto de difusión, viáticos, congresos y convenciones, asimismo señaló que se encuentra sujeto a suficiencia presupuestal el apoyo por carga laboral que se otorga a los trabajadores, el cual tiene sustento legal. Destacó que los rubros que sufrieron una mayor afectación son el capítulo 7000, que refiere inversiones financieras, que cayó en 100%; el 5000 que cayó en 52%, que abarca bienes muebles e inmuebles; el capítulo 1000, de servicios personales, se impactó en 17.29%.
Respecto del capítulo de bienes e inmuebles, señaló que ha sido uno de los rubros más reducidos con anterioridad, lo cual ha provocado la no generación de patrimonio por parte del Instituto Electoral, e imposibilita la realización de adecuaciones para mejorar la accesibilidad en sus instalaciones y la creación de guarderías para los hijos de los trabajadores, siendo esto una de sus más grandes añoranzas, ya que resultan necesarias principalmente en procesos de electorales o de consulta ciudadana. Por último, la consejera Dania reiteró que el Instituto Electoral solo puede ser plenamente autónomo si cuenta con autonomía presupuestal.
El consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda recordó que la solicitud presupuestal se planteó de forma austera, racional, sin guardaditos u opacidad, dejando en claro el destino de los recursos y lamentablemente ese presupuesto no le fue otorgado al IEDF y este año tendremos que ser nuevamente creativos.
Desde mi perspectiva, dijo el consejero Beltrán, esta reducción no refleja la contribución del IEDF a la vida democrática de la ciudad y podría vulnerar los principios de autonomía e independencia. Ahora, y una vez descontado el monto autorizado para los partidos políticos le quedan al IEDF 819 millones de pesos.
La consejera Olga González Martínez sostuvo que la reducción tendrá un impacto en actividades sustantivas. Cada actividad, objetivo y meta proyectada por el IEDF se realizó con base en necesidades reales y objetivos estratégicos, indicó razón por la que este órgano solicitará una ampliación presupuestal, para lograr los alcances previamente planteados.
La situación actual nos convoca a continuar realizando nuestras actividades con eficiencia, determinación y compromiso sin perder el profesionalismo que nos caracteriza como institución de calidad. Nuestros proyectos son ambiciosos, enmarcados en la Estrategia de Educación Cívica Nacional del INE y una responsabilidad es hacerla operativa a nivel local, como son la promoción de la educación y formación de la cultura y educación cívica.
Fue en octubre de 2016, cuando el máximo órgano de dirección aprobó una solicitud presupuestal que fue planeada para realizar todas las actividades que por ley tiene asignadas, el cual se vio afectado de manera significativa, al sufrir un ajuste de 12.79%. En diciembre pasado, la ALDF aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, en el cual se autoriza al IEDF un presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 por mil 196 millones, 407 mil 474 pesos; no obstante, que la solicitud de recursos fue por mil 371 millones 927 mil 723 pesos.
Debido al recorte, el IEDF aprobó solicitar una ampliación líquida hasta por 175 millones 520 mil 249.30 pesos, recursos con los que se garantizaría los mecanismos necesarios para llevar a cabo las diversas tareas de organización, difusión y promoción que realizan los órganos ejecutivos, técnicos y desconcentrados a fin de dar el cumplimiento a las actividades sustantivas, el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas, impulsar la formación y el desarrollo profesional del personal, contribuir al régimen de fortalecimiento de partidos políticos, garantizar la organización de los procedimientos de participación ciudadana y el buen funcionamiento de estos últimos.
