El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó que ante tal situación, el Congreso evade compromisos nacionales e internaciones al no discutir y aprobar las iniciativas para crear la Ley General Contra la Desaparición Forzada.
Lamentó que la aprobación de esta ley reglamentaria se ha ido postergando, por lo que demandó que en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre, se determine como urgente y prioritario el compromiso de proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada.
Subrayó que es claro que el país no cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.
Asimismo, dijo, es necesario contemplar en la ley, la creación de un banco nacional de ADN dirigido por la ciudadanía para garantizar absoluta trasparencia, además un sistema que contemple acciones de prevención, investigación, persecución y criterios para sancionar este ilícito; además de dar protección y asistencia a familiares de las víctimas y testigos.
Luego de mencionar que una de las principales demandas de los organismos de derechos humanos es que se apruebe esta ley general, el diputado Ojeda manifestó que retomar esta ley debe ser un compromiso de todas las fuerzas políticas del país, con el propósito de concretar la ley reglamentaria que le da normatividad a la reforma que se hizo al Artículo 73 Constitucional.
Reiteró que dicha reforma fue publicada el en Diario Oficial el pasado 10 de julio de 2015, contándose con 180 días a partir de la entrada en vigor de la misma, para elaborar la ley reglamentaria correspondiente, tiempo que se cumplió el pasado 6 de enero del 2016, de tal manera que “ya estamos a destiempo, por lo que es un tema que no puede esperar más”, enfatizó.
Comentó que en México la desaparición forzada de personas es una tragedia que cada día cobra más víctimas y en algunas entidades federativas es una práctica sistemática.
Mencionó que entre los casos más recientes está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a principios de este año. En ambos casos la policía entregó a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.
Recordó que en el país se tiene un registro de más de 27 mil 600 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según se hizo público en el sexenio pasado, información que generó tal escándalo entre la opinión pública, que la administración de Felipe Calderón optó por dejar de manejar cifras.
En la actual administración, dijo, se tomó la decisión de no emitir información oficial sobre las desapariciones forzadas. Sin embargo, datos arrojados por investigaciones de la Dirección General de Investigación Estratégica del Senado, señalan que entre enero de 2014 a junio de 2015 se reportaron 820 personas desaparecidas.
Los estados donde se ha presentado con mayor frecuencia las desapariciones forzadas son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, mismos que padecen altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios.
Expresó que las carreteras son intransitables; en tanto hay lugares que antes eran turísticos y ahora son escenarios de terror porque de la noche a la mañana desaparecen personas de todos los sectores de la sociedad.
“Tenemos autoridades locales que no pueden o no quieren resolver las miles de denuncias por desaparición forzada que cada día aumentan”, insistió.
Sostuvo que la ausencia de una ley, ha permitido que el Estado no se haga plenamente responsable de encontrar a las personas desaparecidas ni mucho menos perseguir y atacar a quienes comenten este delito; muestra de ello es la propia inexistencia de cifras oficiales creíbles y, sobre todo, que permitan la localización de dichas personas.
