En su pronunciamiento “La Supervisión Penitenciaria” hecho llegar a la Cámara de Diputados, la CNDH aclaró que de ninguna forma se pronuncia por buscar condiciones de privilegio a las personas que se encuentran en reclusión, pero sí pide “cesar las condiciones que representen situaciones de violación a derechos humanos en los centros penitenciarios del país”.
Refiere que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) pretende orientar las políticas para atender esta problemática; a su vez, la CNDH se pronuncia por un sistema penitenciario que privilegie el respeto a los derechos humanos, en cumplimiento de los instrumentos internacionales y la legislación nacional en la materia, precisa.
En el documento, llama a analizar los resultados del DNSP de forma integral, con el propósito de utilizar realmente la información cuantitativa y cualitativa, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la reinserción social.
Propone conformar un proceso incluyente, donde puedan participar con mayor provecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos estatales de derechos humanos, y las propias autoridades que son supervisadas, compartiendo la visión y compromiso que establece el sistema normativo sobre el respeto de los derechos humanos en el sistema de reinserción social.
Asimismo, hacer la evaluación sobre estándares internacionales que deben prevalecer sobre criterios que no ofrecen certeza de respeto por los derechos humanos.
Favorecer la retroalimentación de información con las autoridades penitenciarias para la realización de la supervisión, a fin de tener un impacto positivo y que el DNSP sea utilizado para definir las políticas públicas que determinen las acciones de mejora continua de los centros, a efecto de garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.
Expone que a partir del conocimiento de los criterios de supervisión penitenciaria, se pueda trazar un programa de corto, mediano y largo plazo que posibilite alcanzar los estándares óptimos de respeto a la dignidad de las personas en reclusión. Fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos.
