El año pasado, en una comida con periodistas de su estado, casi al despedirse, el gobernador veracruzano Javier Duarte levantó su índice y les recomendó a los presentes portarse bien, porque, dijo, si no lo hacen, las autoridades comenzarán a actuar y caerán muchas manzanas podridas.
Fue a más: “todos (les reiteró) saben” quién anda en malos pasos. Se refería a vínculos y colaboraciones con el crimen organizado.
Y entonces subrayó algo que fue más que una amenaza:
“No hay que confundir la libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”.
Duarte, burlón, les pidió entonces no hacer “como que la virgen les habla”.
Por si no hubieran entendido, agregó:
“Cuídense, no anden en malos pasos. Háganlo por ustedes, háganlo por sus familias, pero también háganlo por mí… porque si algo les pasa, su familia va a pasarla muy mal, pero al que van a crucificar es a mí, al que van a acusar es a mí, cuando yo ni vela en el entierro tengo”.
VAN 16
El asunto sería anecdótico si el gobierno de Duarte no arrastrara ya 16 ejecuciones irresueltas de periodistas, en su mayoría críticos a su administración. Si no hubiera 4 más desaparecidos.
Sería motivo de chunga si no fuese que apenas hace 2 días apareció el cuerpo de la periodista Anabel Flores Salazar en un paraje de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, luego de que durante la madrugada del lunes fue sacada de su domicilio y secuestrada por un grupo que portaba uniformes militares y armas largas.
Flores Salazar trabajaba la llamada fuente policiaca para varios medios, entre otros El Sol de Orizaba algunos de los cuales se deslindaron de ella apenas supieron que había sido “levantada”.
En forma simultánea las áreas judiciales y de comunicación social del Gobierno de Veracruz indujeron que Flores Salazar era cercana, o posiblemente mantenía una relación sentimental con Víctor Osorio Santacruz, “El Pantera”, un comandante de la policía municipal del Puerto de Veracruz que presumiblemente trabajaba para los Z. “El Pantera”, fue capturado por la Marina el 4 de octubre de 2011.
La obviedad nos indica que el gobierno de Duarte comenzó con la criminalización de secuestro de la periodista Flores Salazar apenas se efectuó.
La reacción del gobernador Duarte y su equipo no era nueva. Así habían actuado ya en el “levantón, secuestro y asesinato de otros periodistas. El método ha sido el de vincularlos de inmediato por su trabajo con el crimen organizado.
Quienes somos periodistas sabemos que los periodistas tienen relaciones y vínculos con personajes de muchos ámbitos, incluidos los de la delincuencia organizada.
Los periodistas que acuden a los eventos del Presidente de la República, tienen una inevitable cercanía con el Mandatario y su entorno. Quienes lo hacen en el Congreso seguro que se relacionan con senadores y diputados y sus colaboradores. Y así se puede hablar de los periodistas que van a las cosas de los empresarios y la economía, a los ámbitos académico y culturales y a todos los demás.
Quienes trabajan los temas policiacos seguro hablan y se relacionan con ladrones y asesinos… y con los grupos del narco y el crimen organizado.
Pero nada de eso significa que esos periodistas sean lo mismo que con quienes tratan. Los periodistas son periodistas y como tales transmiten lo que ven y escuchan, de lo que se enteran o investigan. Esa es la esencia y vida de los periodistas. Por lo que viven y mueren. Ahí está la entrevista que le hizo Julio Scherer al Mayo Zambada. El periodista murió siendo periodista y el delincuente sigue en lo suyo.
Sin duda en cualquier parte del mundo los periodistas que trabajan en las fuentes policiacas de sus países correrán sus riesgos como hoy los corren aquí los periodistas mexicanos. Y corren riesgos porque la naturaleza de los malos con los que tratan es siempre la misma.
No conocí a la reportera Flores Salazar. Es posible que la atracción que ejercen los delincuentes y su mundo la haya atrapado, como el glamour atrapa a los periodistas que cubren los asuntos del gran Poder, del deporte de alto impacto y grandes eventos, de la política, las iglesias, la economía o de la moda y la alta sociedad.
Lo único que veo hoy es que escribía y sus trabajos aparecían en varios medios veracruzanos pese a que todos sabían que andaba entre lobos.
En este punto hay que decirlo, la criminalización del asesinato de la periodista Flores Salazar no sólo la ejerce alevosamente el gobierno de Duarte, sino los propios medios y los cuadros de redacción con quienes colaboraba. No pocas veces por ello dan asco esas personas que uno considera “amigos”.
¿POR QUÉ?
Es por ello que creo firmemente que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa existe no sólo una omisión criminal, sino alevosía en cuanto a la labor periodística.
¿Por qué si Duarte sabe qué periodistas trabajan para la delincuencia organizada y los narcos no actúa en contra de ellos?
¿Por qué no ordena al fiscal bajo su mando que abra expedientes judiciales contra reporteros, fotógrafos, camarógrafos, jefes de información y redacción o directivos y dueños de medios que reciben dineros de los malos?
¿Por qué saberlo sólo le sirve para burlarse de sus invitados al final de una comida?
¿No será que él, el gobernador Javier Duarte de Ochoa es el principal involucrado y comprometido con el crimen organizado que actúa en Veracruz, ese crimen organizado que ejecuta impunemente a periodistas y secuestra a jóvenes y la asesina e incinera como los de Tierra Blanca?
¿Por qué este gobernador tan denunciado de haber endeudado hasta el tope a los habitantes de su estado, que ha sido señalado como un sujeto despreciable que no se detiene a escuchar a una mujer que le pide datos, informes sobre su hijo desaparecido, por qué este sujeto no es sometido a un juicio por todas estas cosas y hechos?
ALGUNOS DATOS
Ayer mismo, mientras reporteros de Veracruz repudiaban el asesinato de su compañera reportera Flores Salazar, otro grupo en el que aparecen los nombres de la analista María Amparo Casar, Jorge Chabat, José Octavio López Presa, María Eugenia Suárez de Garay, Víctor Manuel Sánchez Valdés, Arely Rojas, Julian Mejia Berdeja, Antonio López Ugalde, Miguel de la Vega y de organizaciones y asociaciones ciudadanas, daban a conocer un reporte que indica:
Que, de datos del SESNSP al 31 de diciembre de 2015, en Veracruz el 41% de los Mandos Policiales y el 34% de los operativos de la secretaría de Seguridad Pública a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, reprobados en Control de Confianza, continúan en sus cargos. Y que un 48% de los Mandos y un 47% de los operativos de los Centros de readaptación social se encuentran también reprobados y en funciones.
Que en ambos casos queda expuesta la omisión reiterada de las autoridades del Estado para cumplir con lo estipulado en la Ley Nacional de Seguridad Pública. Que para lo sociedad civil es lamentable que el Gobernador Javier Duarte haya incumplido su compromiso de apoyar a los operativos conjuntos de la Marina y que ponga en riesgo los esfuerzos institucionales y humanos realizados por ciudadanos que de buena fe se sumaron a la nueva fuerza policial para garantizar la seguridad en el Estado.
Que consideran que la desaparición forzada de ciudadanos a manos de autoridades policiales estatales, la escasa protección a periodistas así como la indiferencia de la Fiscalía General del Estado a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras para investigar los delitos deben tener consecuencias en Veracruz y en todos los estados donde la omisión y la revictimización son una constante.
Por todo ello piden que la CNDH realice un censo de víctimas en el Estado para determinar la cantidad de personas desaparecidas y establecer en conjunto con la SEGOB respuestas institucionales a la sociedad y las familias.
