Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador y vocero de la fracción del diputados federales del PRI, consideró importante la propuesta del PAN para que la PGR y los servicios de Inteligencia de Gobernación revisen las listas de candidatos de los partidos, para que se evite hasta dónde sea posible que los cárteles del narco y el crimen organizado coloquen diputados en los congresos locales o el federal, o en algunos otros cargos de elección.
Esta revisión podría prevenir a las fuerzas políticas de casos de aspirantes a cargos de elección “contaminados” o abiertamente al servicio de la delincuencia, señaló.
De igual forma Ramírez Marín reveló que en el debate sobre la posibilidad de implantar el Mando Único Policiaco en cada uno de los 32 estados del país, existen dos posiciones claras entre los alcaldes del país:
– De quienes realmente están preocupados por las consecuencias de afectación a preceptos constitucionales, administrativos y financiero, y;
– Quienes responden a intereses de la delincuencia y buscan por ello obstruir este mecanismo.
En conferencia de prensa al salir de la Junta de Coordinación Política, Ramírez Marín indicó:
“Entre los presidentes municipales hay quienes están legítimamente preocupado porque los temas de sus policías, son temas administrativos que representan ingresos para el municipio y es algo que se tiene que resolver.
“Hay otros legítimamente preocupados porque ven (el Mando Único) como una amenaza política de control, que en un momento determinado puede desbordar su responsabilidad y pasar a manos del estado o la federación… son preocupaciones válidas que tienen que despejarse en el transcurso de la discusión de las leyes.
“Pero, hay que decirlo muy claramente, hay otro sector que sólo está preocupado por las condiciones de ventaja que le da a grupos de delincuencia organizada, por los que están soportados, financiados, asociados y eso no es admisible. Con esos no va haber ninguna forma de transigir ni de negociar nada. Aquí se trata de aplicar la ley, de encontrar una vía expedita, de que la ley se pueda aplicar, y en esos municipios precisamente que pueden estar totalmente señalizados, en esos municipios es donde se han presentado los casos más graves de transgresión y de inseguridad para los pobladores.
“Así es que hay que salvar las dudas legítimas que tienen las autoridades municipales, pero de ninguna manera transigir con autoridades que están representando otro tipo de intereses”, precisó.
En cuanto a la propuesta del PAN para que PGR y Gobernación palomeen candidatos sin antecedentes y tachen a los malandrines, Ramírez Marín no descartó que el PRI pudiera a su vez someter a sus candidatos al mismo cedazo.
“Creo que la propuesta del PAN es muy positiva… cualquier forma de que los partidos políticos se aseguren de no dejarse penetrar por el crimen organizado debe ser bienvenida.
“El PRI tiene una muy estricta y cercana revisión sobre sus candidatos, sobre sus trayectorias, sobre sus antecedentes, cuidando de no transgredir ni la violación de datos personales ni los derechos humanos… pero por supuesto que ahora tiene mucho más controles, incluyendo las solicitudes de información a la PGR sobre algún caso que alguien específicamente señalara, que encuentra observaciones.
“Creo que el PAN hace bien, creo que los últimos hechos demuestran que no hay que tomar decisiones a la ligera en ningún caso. Tomo las palabras de la diputada (Cecilia) Romero y creo en este caso la urgencia no justifica que le demos chance al Chapo de tener a gente en los Congresos estatales para hacer propuestas, mucho menos en los Congresos federales.
“Creo que sí es fundada su preocupación y hacen bien en tomar medidas de precaución”, subrayó.
COMISIÓN vs DUARTE
Para Gonzalo Guízar Valladares, presidente del nuevo Partido Encuentro Social en Veracruz, independientemente de quién gane la gubernatura de este estado el domingo 5 de junio próximo, es absolutamente necesario que todas las fuerzas políticas acuerden la integración de una “Comisión de la Verdad” que investigue y dictamine la responsabilidad del gobernador saliente, el priísta Javier Duarte de Ochoa en la entrega del estado fallido que es hoy Veracruz.
Es absolutamente necesario que los partidos políticos todos, den un claro mensaje a los veracruzanos de que ninguno de sus candidatos volverá a cometer las pillerías, las arbitrariedades y los actos de barbarismo en que incurrió Duarte.
El camino para él está en la integración de una Comisión de la Verdad que debería estar formada por juristas, intelectuales, académicos, empresarios, miembros de la sociedad civil absolutamente ajenos todos ellos al Gobierno y con amplio respaldo y confianza de los ciudadanos.
Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, el diputado Guízar asegura que esta Comisión sería un parteaguas democrático en México, cuyo modelo podría luego ser retomado por otros estados.
“Sería hacer realidad el grito de ‘¡Ya Basta!’, que recorre a México a través de cada marcha, cada reclamo social, cada toma de una plaza pública, de cada mensaje en redes sociales”, precisa Guízar.
En el caso concreto de Veracruz, dijo, a nadie conviene en este estado dejar ir a Duarte de Ochoa “como si nada hubiera pasado. Como si hoy Veracruz no fuese calificado como un Estado Fallido. Como si Veracruz no enfrentara hoy una de las peores deudas en la historia del país que suma quizá sobre los 100 mil millones de pesos si se juntan los créditos pedidos a bancos privados junto con los pagos no cumplidos, congelados a proveedores. Como si no hubiera habido aquí la ejecución de 15 o más periodistas que tenían un denominador común: ser críticos de Duarte y su Gobierno”.
El propio Guízar ha sufrido la inseguridad… su hermano José Gertrudis Guízar Valladares fue asesinado en Coatzacoalcos a mediados de enero pasado sin que se sepa nada de sus asesinos.
Frente a este desastre, dice Guízar, de nada vale pedir o tramitar un juicio político contra Duarte. El Juicio Político sólo se le puede aplicar a un funcionario en funciones, y él ya se va. La Comisión de la Verdad en cambio –de acuerdo a experiencias en otros países; Argentina por ejemplo-, podría ser vinculatoria y llevarlo a la cárcel. No sólo hay que exigirle cuentas. Hay que evitar que Javier Duarte de Ochoa se vaya impune, intocado, indica el presidente del PES veracruzano.
INHABILITADOS POR LA SFP
Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, informó ayer que su dependencia destituyó e inhabilitó a 6 funcionarios federales implicados en la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
De acuerdo a una investigación administrativa realizada en el Penal del Altiplano por la SFP, dijo, se probó que varios de los funcionarios sancionados privilegiar al capo en sus preparativos de fuga.
Los sancionados son: Celina Oceguera, quien era coordinadora general de los Centros Federales de Readaptación Social. La exfuncionaria fue quien permitió a Guzmán Loera tener un televisor.
Leonor García García, ex Directora Técnica del área jurídica era quien debía haber haber declarado el estado de alerta máxima luego de la comprobarse la fuga.
Valentín Cárdenas Lerma, ex Director General del penal descartó la coordinación con las fuerzas federales luego de corroborarse la fuga y no activó el código rojo, además de no justificar su ausencia del penal desde el jueves anterior a los hechos de julio.
Roberto Cruz Bernal, ex supervisor del penal resultó responsable de negligencia durante los hechos y Esteban Estrada Ramírez, ex Oficial en Prevención fue sancionado por no haber atendió las llamadas correspondientes y no activar el código rojo.
Juan Ignacio Cuarenta, ex supervisor del penal no atendió las llamadas del centro de monitoreo.
Virgilio Andrade cumplió así su primer año al frente de la SFP.
