El presupuesto de una nación, más allá de ser un simple asiento contable, constituye un instrumento para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de equidad e inclusión social. Su instrumentación efectiva requiere de la identificación de sus niveles óptimos, así como de las acciones, instituciones y marco legal para alcanzar esos fines.
Más aún si este presupuesto de egresos detona la ejecución de políticas públicas ordenadas en nuestra Constitución, para la consecución de la conectividad de la sociedad.
Es decir, se trata de la asignación presupuestal para un mandato constitucional.
Al respecto, recientemente la SHCP hizo entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal correspondiente a 2016, en el que detalla el gasto que busca se ejerza en diversos programas del poder ejecutivo que enfocados tanto a la promoción social de la conectividad (Estrategia Digital Nacional, México Conectado y Programa de Inclusión Social) y a las empresas dedicadas al desarrollo industrial de la cadena productiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Prosoft 3.0).
El primer segmento de esos programas de asistencia para la conectividad registra para la Estrategia Digital Nacional, un presupuesto proyectado por $20 millones de pesos (mdp), equivalente apenas a 1% del total de los recursos destinados a la Oficina de la Presidencia de la República (entidad encargada de su ejecución), que representa un recorte de 31% con respecto a su ejercicio en 2015.
Otro de estos programas consiste en la entrega de tabletas y computadoras portátiles a estudiantes de primaria, denominado Programa de Inclusión Digital, el cual recibiría un presupuesto de $1,642 mdp, monto que representa 35% menos recursos que en el año anterior.
Por su parte, el programa de México Conectado, dedicado a la provisión de Internet en diferentes espacios públicos, tiene propuesta una asignación presupuestal para 2016 de $1,816 mdp, equivalente a una disminución anual de 25%.
En lo que toca al rubro de promoción al desarrollo de software y servicios TIC por parte de individuos y empresas, programa que recibe el nombre de PROSOFT, es el único que prevé un incremento en su ejercicio de recursos por $1,165 mdp, equivalente a 52% respecto al monto asignado en 2015.
Cabe insistir, único presupuesto para las TIC que refleja el espíritu del mandato constitucional. O qué se piensa, ¿qué se puede hacer un despliegue de política digital, sin un presupuesto digital?
En perspectiva internacional, este ejercicio presupuestal se encuentra en condición de rezago en comparación con programas presupuestales similares en otros países. Por ejemplo, mientras que en Uruguay, el programa de entrega de tabletas y computadoras portátiles recibirá 3.1% del presupuesto asignado a la educación, en México no alcanza 1%.
Otro franco contraste se identifica en el programa equivalente a PROSOFT de Singapur, cuyo presupuesto asignado a la agencia encargada (24%) supera en más de tres veces el de nuestro país (7%).
El conjunto de estos niveles de egresos apenas contabilizarían 0.4% de los recursos que se planean ejercer para las instancias del Poder Ejecutivo y 0.1% del gasto público total neto. Claramente se incumple desde la esfera presupuestal con la promesa social de conectar y promover el desarrollo de las TIC en el país.
Sin duda, un país digital requiere de un congruente y suficiente presupuesto digital.
