“El informe tiene que rendirse en tiempo real y hay que plantear otro formato para que la ASF lo exponga, no puede ser que en un rato se entregue la información relacionada con 1,413 revisiones individuales, que contemplan 877 auditorías de cumplimiento financiero, 525 auditorías de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios”, criticó
“La información debe ordenarse por ramos o áreas y establecer al menos un periodo de una semana para la entrega de la misma”, indicó el coordinador perredista.
Asimismo, Alonso Raya calificó de “tibia” la actuación de la ASF ante el cúmulo de irregularidades detectadas en el ejercicio presupuestal, señaló que es necesario que no se quede sólo en la denuncia pública sino que tiene que proceder penalmente cuando las observaciones realizadas no se solventen con la información requerida.
En este sentido, insistió en la urgencia de aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de fortalecer las facultades del órgano de fiscalización.
“La revisión del ejercicio 2013 se hace 14 meses después de finalizado el ejercicio fiscal; eso demuestra la necesidad de revisar la legislación en materia de fiscalización superior, dado que se pierde eficacia mientras la revisión sólo pueda hacerse sobre ejercicios finalizados y bajo el principio de anualidad; es un tema que debe revisarse a la luz de la dictaminación de las iniciativas para crear el sistema nacional anticorrupción”, apuntó.
Alonso Raya comentó que el propio auditor reconoce que debe revisarse la legislación en cuando menos dos direcciones: la necesidad de adelantar la fecha de la presentación de la Cuenta Pública así como entregar, mediante informes individuales, los resultados de las auditorías conforme se vayan concluyendo, y no como actualmente ocurre, con una única presentación.
En ese tenor, el legislador federal, señaló que en el marco de las nuevas facultades que se le otorguen a la ASF, “tiene que buscarse la manera de cómo se pueden auditar los programas públicos en tiempo real, sin interrumpir su aplicación, para evitar los subejercicios, indicios de que el presupuesto no se está aplicando para lo que fue aprobado o de se está malversando; y corregir o actuar en consecuencia legalmente”.
Entre otras acciones que se deberían implementar para reducir las irregularidades en el ejercicio presupuestal, Alonso Raya insistió en que en el contexto de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, su fracción ha planteado la implementación del embargo precautorio y la extinción de dominio.
“Las sanciones no pueden quedarse sólo en el ámbito administrativo, destituciones o inhabilitaciones sino además se les deben quitar los bienes productos de actos ilícitos a los funcionarios que se comprueben le metieron mano al presupuesto”, concluyó.
