El líder parlamentario se reunió con los vicecoordinadores de su bancada para explicar la ruta a seguir para concretar la aprobación de las reformas contra la corrupción en los primeros días del próximo periodo ordinario.
En un comunicado de prensa se informó el diputado priista recordó que actualmente se analiza en el Senado de la República la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se deriva de la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2013 y de una amplia consulta ciudadana.
Esa ley reforzará el derecho de los ciudadanos a acceder a la información del gobierno y ampliará las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de toda persona, física o moral, que reciba recursos públicos, entre otras disposiciones, aseveró.
“No hay mejor antídoto contra la discrecionalidad y el sigilo que suponen los actos corruptos, que las puertas y ventanas abiertas de la transparencia”, aseguró Beltrones Rivera.
Esa ley potenciará los resultados del Sistema Nacional de Integridad Pública, también previsto en la Constitución, “cuya aprobación está muy cercana por los acuerdos que se han alcanzado entre las principales fuerzas políticas”, sostuvo el líder de los diputados del PRI.
“Estas reformas para combatir la corrupción son parte integral del proceso de reformas transformadoras impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien reiteró su compromiso en el decálogo de medidas anunciado en noviembre pasado”, agregó.
Beltrones Rivera subrayó que el objetivo es cerrar espacios a la opacidad y la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos, mediante contrapesos institucionales y sistemas modernos de control cuyos ingredientes primordiales son la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el destino del dinero de los contribuyentes.
Recordó que uno de los primeros logros de esta legislatura fue la aprobación de un nuevo esquema de contabilidad gubernamental en todos los niveles de gobierno, para unificar criterios y lograr una mejor comprensión del público sobre los programas y obras públicas, así como de sus montos de financiamiento, por citar sólo un ejemplo.
Dijo que los diputados del PRI trabajan para que se fortalezca la coordinación del Sistema Nacional de Integridad Pública, con base en cuatro ejes:
El primero, una Fiscalía Anticorrupción que formará parte de la nueva Fiscalía General que reemplaza a la actual Procuraduría General de la República, además de que se modifique la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio y aplicarla en los casos de enriquecimiento ilícito.
El segundo, un Tribunal Fiscal y Administrativo que no sólo obligue a los funcionarios a rendir cuentas, sino que también aplique las sanciones administrativas que correspondan.
Tercero, una Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades de investigación y sanción cuando se detecten irregularidades, ya que actualmente las sanciones no tienen la contundencia ni la regularidad necesarias.
Cuarto, una Secretaría de la Función Pública con nuevas atribuciones que será la instancia que tome medidas y se ocupe de prevenir las irregularidades en la administración pública de los tres niveles de gobierno, y en todos los órganos del Estado.
Beltrones Rivera aseguró que las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la academia serán tomadas en cuenta por los legisladores del PRI en la redacción de la Ley General del Sistema Nacional de Integridad Pública.
“La exigencia ciudadana es clara y la sociedad ya no puede esperar más para ver que las autoridades de los tres niveles de gobierno respondan a su demanda de que los gobiernos sean transparentes y en los que ya no quepan el abuso y la impunidad”, expresó.
“Quien traiciona la confianza de la sociedad con actos de corrupción debe pagar las consecuencias, sin excepción. De eso se trata el Sistema Nacional de Integridad Pública, de construir gobiernos transparentes que operen a la vista de la ciudadanía”, concluyó el líder parlamentario.
