En conferencia de prensa, Carlos Reyes Gámiz, vocero perredista, acusó a la dirigencia del partido en el gobierno, incluido a su ahora máximo dirigente, el presidente Enrique Peña Nieto, de atentar contra el Pacto por México y de poner en riesgo los acuerdos para combatir la pobreza y promover el progreso general del país.
Específicamente consideró la reciente determinación de la Asamblea Nacional del PRI de eliminar la prohibición de aplicar IVA en alimentos y medicinas una violación al compromiso 1.1 del Pacto por México, según el cual deben garantizarse el acceso universal a los servicios de salud.
Lo mismo pasa con el compromiso 9, de acuerdo con el cual la erradicación de la pobreza extrema debe garantizar la alimentación como mínimo fundamental, y los compromisos 54 al 60, en donde se habla de la reforma energética, pero también de que se mantendrá en manos de la nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública.
Es cierto –dijo el diputado Reyes Gámiz– que el gobierno echó a andar su Cruzada Nacional contra el Hambre, pero ha sido suficientemente denunciado, incluso por observadores apartidistas, que lo hace fundamentalmente con fines clientelares y electorales en las entidades donde próximamente habrá comicios.
Así, mientras a la gran mayoría de mexicanos, incluidas las clases medias, les pretende aplicar IVA en alimentos y medicinas porque electoralmente no le interesan por el momento, por otra parte busca costear con los recursos así recaudados la Cruzada Nacional contra el Hambre en las 12 entidades donde le conviene comprar el voto, particularmente donde la oposición es fuerte.
Son los casos de Veracruz y Quintana Roo, estados donde este año se renovarán diputaciones y alcaldías, y donde los gobiernos priistas, además de amenazar y agredir a partidos y candidatos de oposición, se inmiscuyen en la vida interna de los primeros a través de institutos y tribunales electorales.
Es claro –puntualizó el legislador– que estamos ante la ominosa pretensión del grupo dirigente del PRI y su gobierno de regresar al viejo autoritarismo y de quererse eternizar en el poder mediante las acciones más antidemocráticas y lesivas incluso para sus bases.
Por ello, convocó no sólo a las fuerzas y partidos de izquierda, como los partidos Del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, sino también a militantes y simpatizantes del PRI a sumarse a las manifestaciones que iniciarán el 17 de marzo.
Aclaró que no se trata únicamente de oponerse a medidas evidentemente antipopulares y dañinas para la economía de los sectores de menores ingresos, sino también de impulsar el respeto de los acuerdos contenido en el Pacto por México, que precisamente se signaron para respetarse y no para burlarse.
En este sentido, reiteró que el fortalecimiento de las finanzas públicas debe darse a través de una reforma fiscal integral y progresiva donde se combate la elusión y la evasión de impuestos para que paguen más quienes más tienen
Dicha reforma fiscal debe incluir a Petróleos Mexicanos, lo cual es acorde con el compromiso 55 del Pacto por México que establece claramente que junto con cambios en la regulación energética se buscará transformar y elevar la productividad de la paraestatal, conservándola como propiedad del Estado.
Sólo con una reforma fiscal con estas características el Estado Mexicano contará con los recursos para combatir realmente la miseria y la pobreza en todas sus manifestaciones, incluida la alimentaria, pero también con leyes que institucionalicen su actuación y eviten su manipulación electorera y clientelar.
En este tenor, el legislador recordó que el GPPRD, en voz de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, presentó la iniciativa para expedir la Ley General para Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación y Erradicar el Hambre, con fundamento en el Artículo Cuarto Constitucional.
Informó que, mientras se discute esta iniciativa, el GPPRD demandará a la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles Berlanga, en su próxima comparecencia ante la Cámara de Diputados, cesar el uso clientelar de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Asimismo, combatirá el autoritarismo, que pretende regresar a través del fortalecimiento indebido del presidencialismo, con la insistencia de limitar el fuero y obligación de rendir cuentas de todo servidor público, incluido el Presidente de la República.
