En Benito Juárez amenazan, persiguen, intimidan y hasta pretenden fabricar delitos en contra de vecinos

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Con ello se demuestra que la participación ciudadana en BJ no la soportan las autoridades. En la Benito Juárez, el boom inmobiliario tiene tantos intereses y corruptelas que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo de Luis González Plascencia, se hace de la vista gorda para atender las quejas ciudadanas. Es decir, todas las autoridades contra los vecinos.

Los casos se encuentran en los cuatro puntos cardinales de la delegación y las manifestaciones de inconformidad vecinales continúan porque las inmobiliarias carecen de licencia de construcción y por violar los usos de suelo permitido en las colonias San Pedro de los Pinos, Crédito Constructor, Santa Cruz, Xoco y San Simón Ticumac.    

Uno de los casos que más llama la atención es el de Jesús Grande Arauz, propietario de la casa ubicada en la Tercera Privada de la Luz número 6, quien ha iniciado desde el 2006 tres denuncias en contra de particulares y constructoras por los daños ocasionados a su vivienda.

A cambio, ha recibido amenazas y fabricación de delitos por parte de las autoridades delegacionales, a cargo de Jorge Romero, y de la Fiscalía en Benito Juárez de la Procuraduría General de Justicia del DF, a cargo de Yolanda García Cornejo.

Grande Arauz explica que ambas instituciones quieren revivir la averiguación previa FBJ/BJ-1T2/1360/16—06 que hizo el ex director de Desarrollo Urbano, Ramón Díaz,  en su contra cuando el día que llegaron a reparar la cinta asfáltica de la Tercera Privada de la Luz estuvieron presentes muchos vecinos, a quienes acusaron de groseros las autoridades delegacionales. Refiere que la averiguación previa se inició en BJ1 y ahora extrañamente está en BJ—4.

Con se pretexto, dice, pretenden encarcelarme fabricándome delitos que no cometí. Recuerda que hace seis meses, llegó la autoridad delegacional para supuestamente reparar los daños ocasionados por la constructora Renlui Edificaciones debido a las excavaciones en el predio de Antonio Rodríguez 35, en donde se cayó su barda perimetral sobre esa privada.

La actitud de las autoridades en su contra –apunta- obedece a su combatividad en defensa de su propiedad ante las autoridades delegacionales y por denunciar a Manuel Paredes Montejano, responsable de la agencia de la Coordinación BJ—4 de la Procuraduría de Justicia del DF, de violar la secrecía en una de sus averiguaciones previas en la Fiscalía para la investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Antes de finalizar el año, a Grande Arauz le enviaron un citatorio de la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia bj-4, Unidad Investigadora tres sin/detenido av. previa: FBJ/BJ-1T2/1360/12-06 por el delito de denuncia de hechos, para que compareciera.

Después de varios meses, las autoridades delegacionales y de la Procuraduría de Justicia del DF pretenden revivir una averiguación previa en mi contra, cuyo propósito es fabricarme delitos que no hice por el simple hecho de defender mi propiedad y acusar a un servidor público de no guardar la secrecía debida en una indagatoria.

Además, se queja de que el Ministerio Público se ha negado a consignar ante un juez las denuncias hechas en contra de los propietarios del predio Antonio Rodríguez 35 por los daños ocasionados en su propiedad.

Recuerda que  denunció a Paredes Montejano ante Fiscalía para la investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por violar la secrecía de su averiguación previa No. FBJ/BJ-3/T1/1656/10-06 en una reunión de la Mesa de Coordinación Territorial el 24 de octubre de 2012 entre vecinos de la colonia San Simón Ticumac y autoridades en el módulo de Seguridad y Participación Ciudadana.

En su escrito entregado a esa fiscalía, el 10 de diciembre, Grande Arauz, puntualiza: “Este conducir por parte de este servidor público (Paredes Montejano) está causando serios problemas tanto en el estado emocional de mi familia como en el mío, ya que con la información que proporcionó este funcionario público en este momento tanto mi familia como yo estamos siendo asediados y vigilados por gente desconocida”.

De acuerdo a la denuncia de Grande Arauz, en esa reunión, Paredes Montejano hizo referencia a la primera denuncia hecha por el vecino en 2006 en contra de la constructora, la cual “en una sentencia en un Juzgado Penal, el Juez le ordeno que le cubriera el daño y le reparo su daño, en ese entonces creo que veintitantos mil pesos le pagaron al señor, le ordenaron a la empresa que le pagara.  

“Si, el señor no conforme con eso fue y denunció en otra coordinación presumiendo que

nosotros no nos íbamos a dar cuenta de esa situación, denuncia el mismo hecho con otra averiguación previa que es la que tenemos ahí, donde el señor ya no quiere treinta ni cuarenta mil pesos ya quiere un millón y fracción de pesos por su casa”.

Con eso, Grande Arauz dice en su denuncia,  Paredes Montejano “viola el derecho de secrecía que tengo para la debida integración de mi averiguación previa”.

En la conversación con este diario, el vecino rechaza que haya pedido esa cantidad de dinero, pues, lo que ha solicitado al ministerio público es que se lleve a cabo un peritaje para calcular los daños provocados a su inmueble como inclinación y afectaciones estructurales, por las constructoras RenLui Edificaciones, Más Hogares, Grupo Urbania y Banco Monex.

Menciona en su queja contra el servidor público de la Procuraduría “que estos hechos también son del conocimiento de la Fiscal Desconcentrada en Benito Juárez Licenciada Yolanda García Cornejo, quien también omitetomar decisiones para dar solución a esta problemática en la que ambos servidores públicos se han encargado de agudizarla, ya que esta Fiscal también sabe de las irregularidades que existen en esa integración de la averiguación previa antes mencionada desde hace más de 2 años”, y no la quieren consignar ante un juez.

La denuncia de Grande Arauz en contra de Paredes Montejano fue la gota que derramó el vaso para que ahora, utilizando a la Procuraduría, este servidor público pretenda encarcelarme, dice Grande Arauz, quien exige le paguen sus daños ocasionados a su propiedad.