Ciudad de México, México.— La aprobación del dictamen que prohíbe y sanciona con penas de cárcel a quien promueva y realice las mal llamadas terapias de conversión sexual en todo el territorio nacional, es un acto histórico, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia. Sostuvo “que no hay nada que curar”, y aseguró que la enmienda “es un acto histórico” en la construcción de una sociedad más justa incluyente y diversa.
“La aprobación de la iniciativa que sanciona las terapias conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig), que atentan contra la libre orientación sexual e identidad de género, es un paso fundamental para la izquierda en nuestro país. Ya es tiempo de que a nivel federal se garantice el libre desarrollo de la personalidad. Por un México inclusivo y diverso, se tienen que proteger todos los derechos, para todas las personas”, expresó.
Vences Valencia aseveró que ser gay, lesbiana, bisexual, trans, no binario o cualquier otra forma de identidad individual no es sinónimo de enfermedad.
Sostuvo que toda persona tiene derecho a ejercer su sexualidad de manera libre, segura y responsable, por lo que la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es un acto inhumano.
Señaló que las “mal llamadas terapias de conversión” que se aplican a personas que forman parte de la población LGBTTIQ+ no son más que frases, francas violaciones a sus derechos humanos.
“Los Ecosig hacen uso de prácticas equivalentes a la tortura, acciones atribuibles al tiempo de la inquisición. Se trata de actos inhumanos y lacerantes, que, con la intención de modificar la orientación sexual y la identidad de género, expresión de género de las personas, lejos de apoyarlas las victimizan”, denunció.
Julieta Vences apuntó que las terapias de conversión minan la autoestima, incrementan la depresión, propician el abuso de sustancias y llegan a desencadenar en el suicidio.
Refirió que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2021, en México a cerca de 500 mil personas se les intentó corregir su orientación sexual y a 700 mil su identidad de género.
El pasado viernes la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y adicionó un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, para prohibir las terapias de conversión sexual en todo el país.
El dictamen establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
También las sanciones se aumentarán al doble cuando la persona autora tuviere para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se enuncian o bien se sitúen en alguno de los siguientes supuestos: relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; quien se valga de función pública para cometer el delito y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.
