Ciudad de México, México.– Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobaron el dictamen para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV) y del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de violencia ácida.
Al presentar esta herramienta legislativa, la congresista Ana Francis López Bayghen Patiño (MORENA), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, reconoció que esta propuesta, promovida por la diputada Marcela Fuente Castillo (MORENA), surge del trabajo realizado en encuentros como el foro “Ley Malena: no más violencia ácida” y de la información brindada por activistas, organizaciones e instituciones como la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.
Indicó que la reforma a la LAMVLV busca regular la “violencia ácida” como un nuevo tipo de agresión contra las mujeres, que consiste en ataques con sustancias químicas o corrosivas que causan o buscan causar daño, a través de lesiones temporales o permanentes, internas o externas, que pueden provocar discapacidad o poner en peligro la vida.
La diputada López Bayghen Patiño comentó que también se plantea que las instituciones correspondientes cuenten con programas para atender a las víctimas, así como protocolos, registros, estadísticas y lineamientos precisos sobre la atención a estos casos de violencia.
Por su parte, la reforma al Código Penal local consiste en adicionar un capítulo de “lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas”, para tipificar la conducta conocida como “violencia ácida” e imponer 8 a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces la unidad de medida y actualización vigente a quien cause un daño en la integridad física o salud, utilizando diversas sustancias y/o compuestos químicos, que provoquen lesiones internas, externas o ambas
Dichas penas aumentarán en una mitad cuando se cause deformidad en rostro, haya daño de órganos o en casos en que la víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad; y la conducta será considerada feminicidio en grado de tentativa, si el daño físico es permanente, así como llegar a afectar los órganos reproductores sexuales
Al emitir su posicionamiento, la legisladora Fuente Castillo dijo que con este dictamen se pretende que estos ataques sean considerados como un tipo penal específico por la gravedad simbólica, física y emocional que involucra. Aseveró que se consideraron las observaciones y luchas de las activistas y organizaciones, en especial el trabajo realizado por María Elena Ríos Ortiz.
Por su parte, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) recalcó que esta reforma es de gran ayuda, pero hace falta contar con un registro y control de quienes compran las sustancias con las que se realizan estas acciones violentas, lo cual es abordado en una iniciativa que fue turnada a comisiones, y solicitó seguir trabajando en esta materia.
“El día de hoy es histórico pues podemos avanzar en el acceso a justicia, seguiremos con el mismo compromiso”, dijo la congresista Nancy Marlene Núñez Reséndiz (MORENA) quien subrayó que esta reforma es parte de un esfuerzo donde las mujeres y las colectivas son fundamentales.
En su participación, la legisladora María Guadalupe Morales Rubio (MORENA) detalló que esta lucha también incluye a los hombres e hizo un llamado a tener sensibilidad en ambas comisiones para que se dictaminen otras iniciativas que aportan a esta batalla.
“Este tipo de luchas no tienen color. Celebro que como Congreso nos unamos”, comentó la diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana (PAN) e hizo referencia a lo difícil que es la experiencia de las mujeres que levantan la voz y buscan obtener justicia, por lo que este acto es algo loable y exige a estar con las activistas.
La congresista Mónica Fernández César (PRI) indicó que se logra un paso muy grande para dar certeza a las mujeres y se requiere seguir apoyando desde las leyes a las mujeres y niñas que han sido violentadas.
Al tomar la palabra, el legislador Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal) felicitó a las diputadas promoventes y comentó que este dictamen obliga a los juzgadores a tener un mejor método para calificar estos delitos.
Finalmente, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dijo que fue muy importante participar en los foros organizados en torno al tema para profundizar en la complejidad de la situación. Reconoció la labor de los equipos técnicos, las activistas y el Congreso, quienes lograron integrar un marco normativo pertinente.
—-
