Ciudad de México, México.– El Congreso capitalino aprobó la nueva Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, como un modelo innovador que estimule el crecimiento económico y la generación de empleos, y al mismo tiempo, haga frente a la problemática generada por el cambio climático, de acuerdo a lo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, se aprobó la reserva al artículo 8 propuesta por el diputado Jesús Sesma Suárez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) para que el gobierno local otorgue incentivos fiscales a los sectores productivos que “le apuesten al cuidado del medio ambiente y a las nuevas tecnologías”.
Al exponer el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI) expresó que la economía circular “revoluciona la forma en que diseñamos, producimos, consumimos y reutilizamos”.
Agregó que este modelo económico se basa en tres principios: eliminar residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso el mayor tiempo posible, y regenerar los sistemas naturales.
Por su parte, la legisladora Tania Nanette Larios Pérez (PRI), presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, aseveró que en la elaboración del dictamen hubo consenso, unidad en la pluralidad y voluntad de todos los actores involucrados para cambiar la forma de producir, consumir y desechar.
Al razonar su voto, la legisladora Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) consideró necesario incorporar en la normativa el concepto de obsolescencia programada, a fin de encontrar un equilibrio entre la producción, el consumo y la generación de fuentes de empleo.
La diputada Guadalupe Chávez Contreras (MORENA) aseguró que con esta ley se da cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, además de ir más allá del reciclaje, porque incluye los principios de rediseño, reparación, reutilización y remanufactura, además de incentivar la educación, investigación científica e innovación.
En tanto, la congresista Gabriela Salido Magos (PAN) se refirió a la pertinencia de reconsiderar los términos en que está redactada la normativa, para repensarla bajo el concepto de mejora regulatoria, en virtud de que en pocas autoridades está recayendo una carga excesiva, debido a la naturaleza de las atribuciones que se están otorgando.
Finalmente, el diputado José Fernando Mercado Guaida (MORENA) señaló que este dictamen representa un proceso de parlamento abierto en que participaron en más de 20 reuniones técnicas, empresarios y expertos, además que se atendieron 84 observaciones que propuso junto con el diputado Sesma Suárez.
