Por Javier Ramírez
Ciudad de México, México.– El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Eleazar Rubio Aldarán será el responsable de que los 170 mil juicios pendientes, en ese centro de justicia, tarden hasta 16 años en resolverse por los despidos injustificados de personal jurídico y de base con el consecuente perjuicio para trabajadores y patrones, aseguraron fuentes al diario digital Vorágine.
Por ello, es un hecho de que personal sindicalizado participe este lunes en el paro laboral histórico ante los despidos injustificados a personal jurídico capacitado, conciliadores y la amenaza de que también sean retirados de sus empleos sin ninguna indemnización de ley por la supuesta falta de presupuesto.
La información proporcionada, acusa a Rubio Aldarán de contratar, pese a que dice no hay presupuesto, a “una serie de nuevos conciliadores totalmente inexpertos y otros funcionarios totalmente improvisados y que ni siquiera son licenciados en derecho. Algunos de ellos familiares o del equipo político del citado presidente quien aspira a ser alcalde de Gustavo A. Madero, de cuya demarcación fue diputado en la pasada legislatura”.
Vale recordar que a partir del 3 de octubre empezarán a funcionar los juzgados laborales locales para cumplir el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio, en donde México aceptó como una imposición de Estados Unidos, desaparecer las juntas locales en todo el país. Así ocurrirá con la JLCA de la CDMX.
El paro anunciado para el próximo lunes en la JLCA es el primero en toda su historia que organiza el personal jurídico (mal llamado de confianza) y se origina en el despido injustificado y sorpresivo de más de 40 abogados que realizan funciones fundamentales y vitales para la impartición de la justicia laboral ya que se trata de más de 15 funcionarios conciliadores muy capacitados y experimentados y el resto son los auxiliares jurídicos encargados de llevar a cabo las audiencias de los juicios y la elaboración de los laudos, aseguraron fuentes de Vorágine.
Según el titular de la JLCA CDMX utiliza el pretexto “de la falta de presupuesto para seguir pagando los salarios de este personal y ha anticipado que seguirán los despidos sorpresivos y sin ningún tipo de indemnización, no siquiera el pago de las prestaciones ya devengados y mucho menos el pago de la parte proporcional de aguinaldo y vacaciones ya devengadas”.
En contraste, el presidente de la JLCA, “se ha contratado una serie de nuevos conciliadores totalmente inexpertos y otros funcionarios totalmente improvisados y que ni siquiera son licenciados en derecho. Algunos de ellos familiares o del equipo político del citado presidente quien aspira a ser Alcalde de Gustavo A. Madero, de cuya demarcación fue diputado en la pasada legislatura”.
Esa conducta, señala la información proporcionada a Vorágine, “además de ser violatoria de los derechos laborales y los derechos humanos, adquiere mayor gravedad porque se comete precisamente en la institución encargada de impartir justicia oral en la Ciudad de México y originará muchos perjuicios a los trabajadores y a los patrones que dirimen ahí sus conflictos”.
En efecto, el restarle a la JLCA CDMX una parte vital de sus recursos humanos más valiosos, condena a las partes a qué sus juicios tarden aún más en resolverse, de manera que si actualmente duran en promedio cinco años, en lo sucesivo podrán tardar el doble de tiempo.
Tal situación tendrá también un efecto perjudicial en el gasto público, toda vez que además del costo que implica la creación de los nuevos tribunales laborales que iniciarán labores a partir del 3 de octubre próximo y sus costos de funcionamiento.
Se tendrá que seguir financiando el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje durante todo el tiempo que se requiera para terminar el trámite y la ejecución de todos los más de 170 mil juicios laborales a su cargo.
De manera, si existían cálculos de que implicaría un mínimo de 8 años, con los despidos actuales y los que se han anticipado, este plazo podría incluso duplicarse, con el muy grave perjuicio para los trabajadores y los patrones que requieren de una justicia pronta y expedita cómo es obligación de todos los juzgados, aseguran fuentes de Vorágine.
Se recordó que “el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio, que México aceptó como una imposición de Estados Unidos, en donde se aceptó desaparecer las junta locales para dar paso a los juzgados laborales”.
En ese mismo capítulo, se comprometió aceptar la intromisión en los asuntos sindicales a través de paneles bilaterales que juzgan si los trabajadores apoyan a sus directivas sindicales y aceptan sus contratos colectivos.
En materia de justicia laboral, lo persigue Estados Unidos es homologar nuestro sistema con el de ellos para dar garantías a sus inversionistas, y al pasar al poder judicial de la capital del país, implicará más corrupción, señalan fuentes de Vorágine.
