Ciudad de México, México.— En un debate legislativo que se centró en la desechada reforma eléctrica, acusaciones de todo tipo de corrupción y malos gobiernos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 482 votos, reformar diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de armonización y homologación.
Los legisladores de las diversas fuerzas políticas presentes en el salón de sesiones como había consenso de aprobar tales enmiendas, se concentraron en la sepultada reforma energética, en los casos de corrupción de gobiernos anteriores y del actual, y de la campaña de odio en contra del bloque opositor PAN—PRI—PRD por haber votado en contra de las enmiendas a la Ley Eléctrica y de su traición a la patria.
El dictamen, enviado al Senado, sustituye las denominaciones: Estatal o Distrito Federal por Entidades Federativas, Salario Mínimo General Vigente por Unidad de Medida y Actualización, Distrito Federal por Ciudad de México, Michoacán por Michoacán de Ocampo, Veracruz por Veracruz de Ignacio de la Llave, delegaciones por demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y Asamblea Legislativa por Congreso de la Ciudad de México.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) celebró la posibilidad de trabajar en las coincidencias sin imposiciones y con resultados acordes a la agenda de México. Agregó que con ello se reafirma y armoniza el trabajo legislativo.
Señaló que el documento surge de dos propuestas presentadas por el diputado Manuel Baldenebro Arredondo y la diputada Carmina Regalado.
Mencionó que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción consideró importante que se realice la desindexación del salario mínimo en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “en virtud de que el 27 de enero de 2016 fue publicada la reforma a la Constitución Política, mediante la cual se incorpora en el marco legal este precepto y la creación de la Unidad de Medida y Actualización”.
“Esta reforma determina el uso correcto y homologado de las leyes y hace un llamado de atención a este Poder Legislativo, a fin de cuidar la forma y fondo en el proceso de análisis que se realiza en comisiones”.
Posturas de diputadas y diputados
Al fijar su postura, la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) afirmó que votarán a favor porque la transparencia es parte fundamental y esencial para llegar a lo que el PRD pretende: queremos un México más democrático. “Tenemos una responsabilidad con el país”.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) indicó que coinciden en reformar la ley para homologar diversos artículos y corregir términos como el Distrito Federal, salario mínimo y Asamblea Legislativa. Son cambios positivos.
María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada del PAN, afirmó que coinciden con la reforma porque se evitan diferencias en el contenido de la ley. “Todas las adecuaciones que se realicen a la ley con el objetivo de actualizarla abonan a la transparencia en el proceso de su aplicación y cumplimento. Por un gobierno transparente y sujeto a la rendición de cuentas, hacia allá debemos avanzar”.
De Morena, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo dijo que el país tiene muchas cosas por atender, pero otras urgentes por resolver; por ello, es necesario armonizar la legislación respecto a las Unidades de Medida para asegurar que como lo mandata la Carta Magna las sanciones sean calculadas conforme a la UMA y no al salario mínimo general.
Discusión
Las diputadas Erika Vanessa Del Castillo Ibarra y Simey Olvera Bautista, de Morena, externaron su postura a favor del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de armonización y homologación.
Por el PAN, las diputadas Patricia Terrazas Baca y Mariana Gómez del Campo Gurza, así como el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, se pronunciaron a favor del dictamen que armoniza y homologa la ley.
Del PT, vía plataforma digital, la diputada Maribel Martínez Ruiz dijo que el dictamen tiene como objetivo reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para armonizarla y evitar diferencias en su contenido y que con ello su aplicación sea justa y sin exclusión.
