Ciudad de México, México.– Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados declaró este miércoles que ha lugar a proceder penalmente en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, en procedimientos por separado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó las respectivas órdenes de captura contra esos dos ahora ex legisladores. De acuerdo a información Huerta está en Puebla, y Toledo anda de vacaciones.
En el caso de Huerta Corona, los diputados aprobaron por 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura.
En la sesión semipresencial del Segundo Periodo Extraordinario, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, dijo que con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados declara:
Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona.
Segundo. Notifíquese a las partes el sentido de la presente resolución en términos de la normatividad aplicable y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Téngase por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia y archívese el expediente SI/LXIV/DP/03/2021 en términos de la normatividad aplicable.
Sauri Riancho, en su calidad de presidenta, autorizó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que realice las notificaciones correspondientes.
La petición de declaración de procedencia fue formulada por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.
Previamente, la diputada Sauri Riancho mencionó que el ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona no presentó incidente alguno de recusación. Tampoco, se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas o los diputados que integran el Jurado de Procedencia.
La Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio lectura a los documentos de notificación personal, relativos a la cita para esta sesión, tanto a los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como al ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura.
Además, leyó las resoluciones del dictamen de la Sección Instructora, con proyecto que declara de la acción penal en contra del C. Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura, relacionada con el expediente SI/LXIV/DP/03/2021, para conocimiento de la Asamblea.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que la Ley que emana del Congreso de la Unión implica estricta observancia, por lo que su transgresión no debe quedar impune, principalmente cuando las víctimas son menores de edad, ya que se estarían vulnerando la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Indicó que se presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, toda vez que existen imputaciones de hechos declaradas por la Ley. Denunció que Huerta Corona aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas y la del encargo como diputado federal.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo, cuenta con dos carpetas de investigación que contienen datos de pruebas legales, sólidos, robustos y científicos que en su conjunto y en atención al principio de legalidad, permiten establecer que se cometieron hechos con apariencia de delito de abuso agraviado y violación equiparada agravada.
“Se cuenta con pruebas legales, contundentes, sólidas y científicas, destaca la entrevista de las víctimas, de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la investigación, la identificación del vehículo, entrevistas a testigos y familiares de las víctimas y dictámenes periciales, por lo que es viable que se apruebe la declaración de procedencia para que Benjamín Saúl Huerta Corona sea juzgado como un ciudadano”, afirmó.
Defensa del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona
Pável Arenas Landgrave, abogado del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, dijo que los principios consagrados en el texto constitucional deben prevalecer sobre las coyunturas políticas que puedan presentarse dentro del estado. Por ello, el papel político que tiene a través de sus decisiones la Sección Instructora adquiere una gran importancia.
Señaló que se tiene que garantizar que todo este proceso inicial se realizó conforme a la ley ordinaria y mayormente conforme a los principios constitucionales que todas las partes del Estado mexicano deben cumplir. Agregó que la acción presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de legitimidad, en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Saúl Huerta, tan lamentable y trascendental que no fue atendido y corregido por parte de la Sección Instructora.
El también defensor del diputado Huerta Corona, Juan José Salazar Hernández señaló que el imputado tiene derechos fundamentales en términos del artículo primero constitucional, de ser tratado igual en cuanto al órgano que lo somete, por lo que esta soberanía tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de todo sujeto a proceso; sin embargo, en este proceso no ha sucedido.
“Aquí el debate no es si nuestro defenso incurrió o no en la comisión de un acto delictivo, no es si hizo o no, aquí la litis se vincula sobre el proceso político jurídico en que estamos envueltos. La elaboración del dictamen se hace con base en un artículo desfasado, de tal manera se estudia la propuesta de la Fiscalía en términos del sistema inquisitivo; esto es, no en el procedimiento adversarial, y así de desaseado fue aprobado”, subrayó.
En tanto, el caso de Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura, los diputados aprobaron por 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Mauricio Alonso.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, expresó que con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria:
Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Segundo. Téngase por concluido el procedimiento emanado de la Solicitud de Declaración de Procedencia y archívese en términos de la normatividad aplicable el expediente SI/LXIV/DP/01/2021.
Tercero. Notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución.
En el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, la presidenta señaló que autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que realice las notificaciones correspondientes.
La petición de declaración de procedencia fue solicitada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Previamente, la diputada Sauri Riancho informó que el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez no presentó incidente alguno de recusación. Tampoco, se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas o los diputados que integran el Jurado de Procedencia.
En la sesión semipresencial del Segundo Periodo Extraordinario, la Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura a los documentos de notificación personal, relativos a la cita para esta sesión, tanto a las y los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura y a sus abogados defensores.
Además, dio lectura a los resolutivos del dictamen de la Sección Instructora, con proyecto que declara de la acción penal en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura, para ilustración de la Asamblea.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Rafael Chong Flores, fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, dijo que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, durante los cargos públicos que ostentó en el periodo del 1 de octubre de 2012 al 6 de marzo de 2015, como jefe delegacional en Coyoacán, y del 14 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, como diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, incrementó su patrimonio injustificada e inexplicablemente al no coincidir con sus ingresos recibidos por concepto de honorarios y emolumentos.
Señaló que la Fiscalía desarrolló diversas líneas de investigación logrando recabar indicios suficientes, además de datos de prueba legales, razonables y pertinentes para considerar que se cometió el hecho con apariencia de delito de enriquecimiento ilícito. Agregó que se tiene información por parte de las autoridades migratorias mexicanas de que el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio, el territorio nacional con destino a la República de Chile.
Octavio Israel Ceballos Orozco, coordinador general de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, explicó que la Fiscalía cuenta con una investigación robusta, contundente y basada en elementos objetivos que es necesario conducir ante la autoridad jurisdiccional competente para que ésta, luego del análisis y valoración de la prueba en la etapa procedimental correspondiente, decida o no la acreditación del delito y responsabilidad del hoy investigado.
“No se ha vulnerado ninguno de los derechos humanos que le asisten al diputado Mauricio Toledo Gutiérrez. La defensa se duele de que el dictamen pericial en materia de evaluación practicado por la Fiscalía carece de objetividad; sin embargo, es claro que al tratarse de una prueba podrá hacer valer lo que considere necesario una vez que esté ante la autoridad judicial, quien será la que dé la valoración correspondiente al citado dictamen”, agregó.
Defensa del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez
El abogado defensor, Epigmenio Mendieta Valdés, argumentó que no se acreditan los supuestos que señala la Constitución, como la acusación cierta de un hecho determinado, la información coherente, suficiente y adquirida de forma lícita, así como que esté acreditada la responsabilidad, lo cual en el caso del indiciado no es así, pues el proceso comenzó a partir de una rivalidad por espacios políticos en la alcaldía de Coyoacán y distritos donde también ha competido el hoy presidente de la Sección Instructora.
Aseguró que los montos que le pretenden atribuir a los inmuebles son erróneos y están alterados, pues el valor en la carpeta de investigación no corresponde con lo pagado y que consta en actas notariales y escrituras públicas, además de que los avalúos hechos por peritos de la Procuraduría están sobrevaluados. “Con lo señalado en uno de los dictámenes hoy es posible comprar dos departamentos nuevos con la empresa constructora en el mismo edificio y el mismo piso”.
Enfatizó que las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no parten de bases sólidas pues Mauricio Toledo ha reunido más de 750 documentos como talones de pago, cheques, fichas de depósito, recibos de nómina, transferencias, estados de cuenta, declaraciones patrimoniales y de impuestos, como evidencia del origen y destino lícito de los ingresos como servidor público. “A pesar de la evidencia tan contundente, aprobar la procedencia del desafuero sería ponerlo en situación de vulnerabilidad”.
En su réplica, el defensor explicó que los hechos no corresponden al periodo de este encargo, sino de momentos de años anteriores, pero la conveniencia política es que se solicite en este momento. En este momento no se declara la culpabilidad o inocencia, pero lo que se va a decidir es de carácter político ¿a quién conviene, a quién beneficia y a quién perjudica?
