Ciudad de México, México.— El poder judicial federal con el freno que ponga a la reforma a la ley de Hidrocarburos, se demuestra que no todos los poderes viven sometidos a las órdenes del Presidente López Obrador, dijo la diputada federal, Federal Karem Vargas.
“Hoy nuevamente se demuestra que el Estado de Derecho exhibe la ineptitud del presidente y sus aliados en la Cámara de Diputados, donde hoy solo se escucha una voz, la que mandatan en Palacio y que lamentablemente es la más alejada de la legalidad, la razón y el beneficio de los mexicanos”, dijo.
La también integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados enfatizó que esta reforma atenta contra los tratados internacionales y contra la economía Mexicana ya que ante la intención de expropiación, el debilitamiento de los órganos reguladores, el estado de indefensión a los privados y la anulación de la competitividad, más allá de desencadenar un costo mayor de los hidrocarburos y latente desabasto de los mismos, se enfrentaría a una judicialización.
Considera que es vergonzoso y costoso que se esté legislando bajo capricho y la consecuencia sea que el poder judicial venga y corrija la plana o como es el caso, deje sin efecto las leyes que se han sido aprobando, ya que “no se han puesto a pensar en lo oneroso que resultan las sesiones, salarios, entre otros gastos que se desperdician en crear leyes que jamás entrarán en vigor, leyes que serán inválidas porque simplemente son contrarias a la Constitución”.
Aseguró que estas acciones son resultado de la ignorancia o una firme intención de instaurar un régimen autoritario, donde queda al descubierto que el presidente busca estar por encima del estado de derecho, lo cual es dañino para la democracia y para nuestro país.
Por último hace un llamado a razonar el voto en las próximas elecciones y evitar que este tipo de actos se sigan perpetuando, donde se viola la ley por el simple hecho de ser mayoría y solo existe una simulación legislativa, ya que las leyes no tienen aplicación y han sido desestimadas por el poder judicial ante la obviedad de la ignorancia en el derecho, pero sobre todo la soberbia de no aceptar que la construcción de un país le corresponde a todas las expresiones políticas pero principalmente con apego a la ley.
