TRAS LA PUERTA DEL PODER
Roberto Vizcaíno
Líder de la entonces pequeña bancada de apenas 12 diputados de Morena en 2012, a Ricardo Monreal le tocó vivir desde San Lázaro la euforia de acuerdos en el Pacto Por México y las consecuentes reformas estructurales.
Incluso le tocó resistir entonces un cañonazo de 15 millones de pesos que recibió en 3 partidas por concepto de ‘‘aportaciones económicas extras’’ pero que todos dentro de San Lázaro sabían eran bonos por la aprobación de las reformas.
Monreal denunció entonces ese manejo y regresó a Tesorería de la Federación el cheque bajo la mirada furibunda de las otras bancadas.
Ayer, en un conversatorio con reporteros de medios de Zacatecas, y luego de presentar su libro más reciente que ya circula por la vía digital bajo el título de “La Infamia”, Monreal indicó que los sobornos y los cohechos entre diputados y senadores de las legislaturas que tramitaron las reformas estructurales del Pacto Por México, entre 2013 y 2016 no sólo corrieron para la Reforma Energética.
Se repartieron para cada una de las otras reformas estructurales que se aprobaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, afirmó el hoy poderoso e influyente líder de la mayoría de Morena en el Senado.
Indicó que no sólo fue testigo de primera línea de lo que entonces ocurría con el flujo de recursos y bonificaciones para diputados y senadores sino que lo tiene documentado.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aprovechó para informar que Andrés Manuel López Obrador estará dentro de dos semanas en Zacatecas y que él formará parte de su comitiva.
Indicó que su estado, del que fue gobernador entre 1998 a 2004, vive hoy uno de sus peores momentos de inseguridad.
En su libro aborda los embates y difamaciones sufridas por su familia dentro de una guerra sucia en la que las instituciones fueron usadas con perversidades luego de que él decidió abandonar al PRI.
“… hasta el último momento, desde la presidencia de la república, querían quitarme la gubernatura que gané legítimamente”, recordó.
Luego esos ataques fueron orientados a sus hermanos en “una guerra sucia en la que participó Felipe Calderón y en la que el INE actuó parcialmente al negarse a aceptar que los spots de televisión eran difamatorios… tuvo que ser el Tribunal electoral quien corrigiera la plana”, indicó.
Lugo, ante reporteros de medios capitalinos, indicó que si la Fiscalía General de la República demuestra, con pruebas, que se sobornó a legisladores, habrá delitos que deben vincularse al proceso de Emilio Lozoya.
Sin embargo, aclaró, eso no incidirá en una anulación o revocación en automático de las reformas estructurales del Pacto por México que fueron “maiceadas”.
Para anular las reformas del peñismo, sería necesario seguir todo un proceso legislativo, repetir, desde la presentación de iniciativas.
Recordó que entonces su bancada denunció el “maiceo” a legisladores que votaron a favor de las reformas y que entonces la diputada de Morena, Zuleyma Huidobro, subió a tribuna de San Lázaro, que entonces era presidida por el panista Ricardo Anaya, a señalar directamente a los diputados del PAN, Partido Verde y Nueva Alianza de recibir dinero a cambio de su voto en favor de la reforma energética.
Esas denuncias le valieron a la diputada fuertes enconos desde las bancadas de los verdes y del panismo, dijo.
Desde entonces, como ocurre de nuevo, los aludidos y señalados indicaron que ellos no habían recibido nada e incluso algunos se llegaron a señalarse como ejemplos de honestidad y aseguraron que nunca se habrían prestado a recibir tales bonificaciones y “moches”.
Fue entonces que la Secretaría General de la Cámara de Diputados tuvo que aceptar que había millonarias partidas que eran entregadas a los coordinadores parlamentarios en San Lázaro con montos de acuerdo al porcentajes de cada grupo parlamentario.
Desde entonces se sabe que esas partidas no son fiscalizadas por ninguna dependencia externa a la Cámara de Diputados.
El Legislativo se revisa a sí mismo vía sus órganos de transparencia. La secretaría general entrega los millones y cada coordinador los distribuyen discrecionalmente.
En 2013 se dijo que unos 300 millones de pesos de supuestos “sobrantes” fueron distribuidos entre los diversos grupos parlamentarios sin pedir justificación alguna de su gasto.
Monreal recordó igual que ya desde finales del gobierno de Felipe Calderón, había el señalamiento de “moches” entre diputados federales por la aprobación del llamado paquete económico integrado por el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos.
A lo largo de su legislatura, entre 2012 y 2015 Monreal siguió recibiendo recursos millonarios “extras” mismos que fueron regresados por él oportunamente a la Tesorería de la Federación o a la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Se supone que cada una de esas partidas formaba parte de una general que era repartida entre el resto de las bancadas.
Eso es lo que ahora tiene la oportunidad de investigar el Fiscal General Alejandro Gertz Manero como parte de las denuncias que ya comienza a presentar el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
PACTO NACIONAL
Uno de los personajes centrales de aquella trama de El Pacto por México, el entonces presidente del PAN Gustavo Madero, hoy presidente de la Comisión de Economía del Senado y puntero del blanquiazul a la gubernatura de Chihuahua, pidió ayer, durante el Foro de Emergencia Económica, ir a un Pacto Nacional por la Emergencia Económica para responder a las consecuencias de la pandemia por el Covid-19.
Madero consideró que urge atender 3 aspectos: la salud, la economía y el impacto social, ponderando un cambio en las políticas públicas acordes a la nueva realidad que enfrentará el país.
“Lo peor está por venir y la profundidad, duración y consecuencias de esta emergencia nos obliga a repensar nuestro diseño institucional e incluso revisar temas como el respeto a la naturaleza, la responsabilidad ecológica, tendencias como el teletrabajo o el outsourcing”, indicó.
Al foro acudieron legisladores, dirigentes empresariales y expertos como Ricardo Pascoe Pierce, ex embajador de México en Cuba, quien advirtió la necesidad de que el Gobierno federal entienda y replantee la necesidad de posponer obras como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.
Se deben además revisar y pausar los programas asistenciales que han quedado desfasados por la nueva realidad.
Lo importante hoy es, dijo, canalizar los recursos existentes al rescate de los trabajadores y las empresas que forman la cadena productiva de México.
Economistas y representantes de la iniciativa privada coincidieron en la urgencia de que el Gobierno federal acceda a los recursos del Fondo Monetario Internacional para que pueda apoyar a las empresas y garantizar el ingreso básico de los mexicanos que están perdiendo el empleo, entre otras acciones de rescate.
Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banco México dijo que deben utilizarse todos los instrumentos de política pública disponibles de manera decisiva y coordinada.
