Ciudad de México, México.— A Rosario Robles Berlanga, ex servidora pública de Peña Nieto, se le acusada por el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos en contra del patrimonio de la Nación, cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo a la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía General de la República (FGR) también por haber sido omisa de operaciones dudosas que llevaron a cabo diversos subordinados mientras ella encabezaba dichas dependencias.
En la audiencia inicial de este jueves en el Reclusorio Sur, en la que se decretó un segundo receso, la defensa de la exfuncionaria federal argumentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) carecía de facultades para imputarla por daños patrimoniales a la Nación.
Sin embargo, el juez explicó que si bien la ASF es un órgano autónomo e independiente, está encargado de revisar y fiscalizar qué se hace con los recursos económicos de la Nación.
El desvío de los más de cinco mil millones de pesos habría sido mediante 27 convenios, entre los que destacan el suscritos con la delegación de la Sedesol en Morelos, así como las universidades Autónoma del Estado de México y Politécnica de Hidalgo.
Asimismo, con Televisora de Hermosillo, las universidades Politécnica de Quintana Roo y de Chiapas, así como Radio y Tevisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
En torno a la culpabilidad por omisión, la FGR dio a conocer a la defensa de Robles Berlanga que hay tres personas que en su oportunidad informaron a la exfuncionaria de los desvíos de recursos.
Dicha personas fueron subordinados de Rosario Robles y son Marcos Salvador Ibarra Infante, José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Armando Saldaña Flores.
Ante esto, la defensa de la también exjefa de gobierno capitalina pidió el desglose detallado, entre otras cosas, de la fecha y los montos de los mencionados convenios, por lo que el juzgador ordenó a la Fiscalía hacer dicho análisis, para lo cual se decretó el receso de dos horas.
En uno de los diversos intentos de la defensa por diferir la audiencia, el abogado Oscar Rogelio Ramírez argumentó que había un amparo en Chiapas desde el 19 de julio pasado, interpuesto por un tercer imputado en el caso, cuya identidad se negó a revelar.
No obstante, el juez advirtió al litigante que “no me vengas con esos argumentos tramposamente.
“Si no conoces la ley de amparo, no voy a permitir que pretendas diferir la audiencia tramposamente por un amparo que interpuso un imputado que no quieres dar el nombre. Acate mi orden”, afirmó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
