Ciudad de México, México.— La iniciativa de ley, mejor conocida como “Ley Garrote”, que pretende castigar hasta con 20 años de prisión a quienes bloqueen carreteras o realicen marchas en Tabasco, de aprobarse se emprenderán acciones jurídicas y políticas para impugnarla, aseguró Verónica Juárez Piña, líder parlamentaria perredista en San Lázaro.
La “Ley Garrote” establecería sanciones de 10 a 20 años de prisión contra manifestantes que hagan bloqueos de carreteras o marchas que se interpongan a obras públicas, abundó.
Recordó que esta iniciativa fue enviada al Congreso de Tabasco por el gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández. Hasta el momento sólo ha sido avalada por la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil de dicho organismo legislativo.
Expuso que se propone “encarcelar a quienes realicen bloqueos de carreteras y obstruyan la obra pública y privada en el Estado; viola el derecho a la libre manifestación establecida en la Constitución de la República y atenta contra los derechos humanos”.
Juárez Piña subrayó que la reforma al Código Penal de Tabasco sería contraria a lo establecido en el artículo sexto constitucional, que plantea: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”.
De igual manera, añadió, atentaría contra el derecho a la manifestación pacífica, relacionado con las libertades de reunión y de expresión.
Reiteró que, de ser aprobada por el pleno del congreso tabasqueño, en coordinación con la dirigencia nacional y estatal, el PRD valorará las acciones a emprender en términos jurídicos y políticos.
Sostuvo que el PRD respaldará las protestas que lleven a cabo las organizaciones civiles en contra de estas decisiones “arbitrarias, ilegales e inconstitucionales”.
