Autoridades capitalinas: no habrá incrementos a cuotas y tarifas, ni tampoco nuevas contribuciones fiscales

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Ciudad de México, México.– Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda del
Congreso de la Ciudad de México comenzaron mesas de trabajo con
diversas áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas del
gobierno local para explicar el paquete económico 2019, se insistió que no se prevén incrementos a las cuotas y tarifas así como tampoco nuevas contribuciones fiscales.La primera de estas reuniones de trabajo se realizó con el titular de
la Procuraduría Fiscal, Edwin Meraz Ángeles y estuvo encabezada por la
diputada María Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la diputada Valentina Batres
Guadarrama, presidenta de la Comisión de Hacienda, ambas integrantes
del Grupo Parlamentario de MORENA.
Ante integrantes de ambas comisiones, el procurador fiscal aseguró que
la administración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo ha iniciado un proceso de profundas
transformaciones con nuevas atribuciones, compromisos y
responsabilidades para enfrentar los retos de una urbe como la capital
del país.
El funcionario sostuvo que el paquete económico presentado sienta las
bases jurídicas y económicas para un nuevo orden en la Ciudad de
México, innovador y de derechos, para promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de los contribuyentes. “La propuesta
para modificar el Código Fiscal para el ejercicio 2019 busca alinear y
orientar las acciones del gobierno en materia de innovación,
sustentabilidad, honestidad, igualdad y de gobierno abierto”.
En este sentido, Meraz Ángeles aseguró ante los legisladores de los
distintos grupos parlamentarios que durante el próximo año no se
prevén incrementos a las cuotas y tarifas, así como tampoco nuevas
contribuciones fiscales, y ratificó los compromisos contraídos por la
Jefa de Gobierno de México de mantener una línea política basada en
la austeridad, la transparencia y la inclusión.
En la primera ronda de preguntas de las y los legisladores, el diputado
Miguel Ángel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro
Social requirió las estrategias que se utilizarán en la SAF para
mejorar la recaudación y compensar los recursos que se perderán por la
eliminación de las fotomultas de tránsito; así como las razones por
las que se estima se incrementarán los ingresos por la expedición de
licencias de conducir.
La diputada Teresa Ramos Arreola, de PVEM, cuestionó las políticas que
se seguirán para recuperar los pagos que dejan de hacer los
contribuyentes.
Por su parte, la diputada Circe Camacho Bastida, del PT, destacó la
justicia y el combate a la corrupción como prioridades del Presupuesto
de Egresos 2019, y preguntó las estrategias que se usarán para evitar
el blanqueo de capitales en la Ciudad de México y para mejorar la
transparencia en las finanzas públicas, como gobierno digital.
El diputado Víctor Hugo Lobo Román, del PRD, señaló que el informe
presentado reconoce la política recaudatoria implementada en la Ciudad
de México durante los últimos 18 años, con 17.5 por ciento de la
recaudación nacional, que en 2019 podría llegar a 125 mil millones de
pesos de ingresos propios. Asimismo, solicitó conocer con exactitud los
remanentes del presupuesto 2018, cercanos a los 12 mil millones de
pesos, y el uso que se dará a éstos.
El legislador Mauricio Tabe Echartea, del PAN, pidió claridad sobre las
colonias beneficiadas con condonaciones en el pago del impuesto predial
y los criterios utilizados para el esquema de beneficios.
La parlamentaria Guadalupe Chavira pidió información sobre las
propuestas de la secretaría en materia de coordinación fiscal de la
Ciudad de México y armonización contable, que difieren en la capital
respecto del resto de las entidades, así como de las expectativas para
el fortalecimiento de los ingresos propios de la ciudad, como el pago al
predial, en particular de los grandes contribuyentes.
El procurador Fiscal anunció que se proponen modificaciones orientadas
a brindar mayor claridad y certidumbre jurídica a los contribuyentes,
con la intención de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y la normatividad.
Para ello –anunció- que se llevarán a cabo las modificaciones en
materia fiscal para adecuar y mejorar la norma regulatoria y eficientar
la recaudación tributaria, a través del fortalecimiento de los
estímulos fiscales.

En el salón Heberto Castillo del Recinto de Donceles, el funcionario
reconoció como necesario alinear la nueva denominación de los nuevas
instituciones y poderes, pues con la publicación de la nueva Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo ahora las dependencias tendrán una nueva
denominación, tal es el caso de la Secretaría de Administración y
Finanzas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México.
Asimismo, anunció que se realizarán ajustes a la tarifa del impuesto
predial y de derechos de suministro de agua para “corregir injusticias
tributarias” en distintas colonias de índice de desarrollo muy bajo
que habían reportado un incremento injustificado en años anteriores.
En la segunda ronda de preguntas, el diputado Miguel Ángel Álvarez
Melo, se refirió a la corrupción de las empresas inmobiliarias y
preguntó si hay algunos procesos legales contra éstas, así como para
el resarcimiento de recursos por malos manejos y omisiones de
funcionarios.
El diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del PRI, reconoció la
innovación planteada por el actual gobierno de la capital, con el uso
de herramientas electrónicas para agilizar trámites administrativos, y
sugirió la condonación de pagos de tenencia para los locatarios de
mercados y transportistas.
El congresista Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, recordó que el fondo de
capitalidad es un derecho de los ciudadanos de la capital, y pidió
acciones para requerir este apoyo del gobierno federal, que no lo ha
previsto. Además, planteó utilizar los remanentes de 2018 para
subsidiar y eliminar los pagos de tenencia por uso de vehículos.
El diputado Mauricio Tabe Echartea señaló que en los últimos 18 años
el impuesto sobre nómina se incrementó del 2 a 3 por ciento, por lo
que solicitó su disminución al nivel anterior y su eliminación
progresiva, como una forma de solucionar los problemas de informalidad
en el mercado laboral.
Finalmente, la diputada Valentina Batres Guadarrama indicó que en la
capital circulan a diario cerca de 4 millones de vehículos, con un
importante costo para sus vialidades, lo que debe considerarse en los
planteamientos de eliminación de la tenencia vehicular. Asimismo,
solicitó conocer las operaciones realizadas por el anterior gobierno de
la Ciudad de México, con cargo al presupuesto, en sus últimos 15 días
de administración.
En materia de mejora regulatoria y eficiencia tributaria, el Procurador
Fiscal destacó que esta administración realizará un esfuerzo para
ampliar el “abanico” de oportunidad para brindar a los
contribuyentes mayores facilidades para el cumplimiento de las
obligaciones, al implementar medios electrónicos y, de esta manera
aprovechar las nuevas tecnologías para el pago de nóminas, impuestos
de servicio del hospedaje, entre otros.
Otra de las propuestas presentadas por el funcionario es que los
avalúos tengan vigencia de seis meses, en consideración a la
situación del mercado inmobiliario, pues con esa medida se tendrá una
mayor prontitud para calcular el valor del suelo, así como de las
construcciones. Además, dijo que los contribuyentes podrán utilizar el
acuse electrónico de pago como documento para solicitar la devolución
de contribuciones pagadas de manera indebida.
Finalmente, Edwin Meraz aseguró que se mantendrán los incentivos
fiscales para los grupos más vulnerables de la población, además de
que se mantendrá el subsidio en el pago de la tenencia y uso de
vehículos para personas físicas y morales cuyas unidades no superen el
valor factura de 250 mil pesos; y se condonará el 100 por ciento en el
impuesto predial y de suministro de agua para propietarios de inmuebles
que por causa de fenómenos naturales sean destruidos o parcialmente
dañados.