Ciudad de México, México.—En México, de cada 10 menores, siete sufren algún tipo de violencia, por lo que la diputada del PES, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez impulsa que ese sector tengan derecho a la integridad emocional a través de una iniciativa que reforme el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.La legisladora explicó que la reforma busca armonizar los derechos de la niñez y aportar las medidas necesarias para promover la recuperación psicológica y la reintegración social de todo infante víctima de abandono, abuso u otra forma de trato inhumano.
En su iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada subrayó que en México siete de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia, lo que ubica al país en los primeros lugares a nivel mundial. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupa el primer lugar en bullying en educación básica, pues afecta a 18 millones 875 alumnos de primaria y secundaria.
Precisó que 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 recibió insultos y amenazas, 17 fue golpeado y 44.47 por ciento sufrió violencia verbal, psicológica y física.
Según un estudio del Unicef, 63 por ciento de la población menor de 5 años está siendo educada con violencia, como son los correctivos físicos.
A su vez, la Secretaría de Salud estima que al año fallecen cuatro mil 972 personas por suicidios, de los cuales 59 por ciento tuvo, entre otras razones, el acoso físico, psicológico y cibernético a estudiantes.
Mencionó que estudios de la Sociedad Española de Psiquiatría aseveran que los niños que sufren abusos físicos pueden mostrarse en alerta; ser precavidos, desconfiados, incapaces de jugar y ser espontáneos; son agresivos o abusivos, desconcentrados, con bajo rendimiento en la escuela; roban, mienten, se escapan del colegio y no pueden confiar en otros y hacer amigos.
Garza Gutiérrez se pronunció por diseñar políticas públicas y programas en los que el objetivo de intervención de diferentes dependencias u órganos de gobierno sea la familia, con propósitos específicos a las problemáticas de cada uno de los miembros que la integran.
