Ciudad de México, México.– Este lunes se llevaron a cabo de forma simultánea siete clausuras en construcciones de la Benito Juárez como medida cautelar por incumplir la normatividad vigente en la Ley y Reglamento de Desarrollo Urbano para su Uso de Suelo, derivado del primer ejercicio de censo en la Ciudad de México, por parte del Instituto de Verificación Administrativa.
Las clausuras por no respetar las determinaciones de la administración pública respecto a no acreditar el número de niveles, exceder la superficie de construcción, así como el área libre del inmueble, se dieron en las colonias Del Valle Centro y Norte, Narvarte Poniente, Nativitas, San Juan y Noche Buena.
Las anteriores se ejecutaron luego de la detección realizada en un primer censo general realizado por personal del INVEA – CDMX para identificar actuales construcciones, mismo que arrojó mil 480 construcciones en la capital, 293 en Benito Juárez.
De estas 293 que entraron en proceso de revisión en área legal del INVEA, se desprenden las construcciones que ya exhiben sellos de clausura en las Avenidas Magdalena 44 y Coyoacán en los números 1009 y 1044, en las colonias Del Valle Norte y Centro, respectivamente; así como en Enrique Rebsamen 351, de la Narvarte Poniente; Refugio 64 en Nativitas; Avenida Patriotismo 771, en la San Juan y; Boston 71, dentro de la Noche Buena.
A la par, el organismo descentralizado lleva a cabo las visitas de verificación en las restantes 15 delegaciones de la Ciudad de México para garantizar que las edificaciones cuenten cabalmente con los ordenamientos legales.
Asimismo, se hace un llamado a las constructoras a apegarse a lo indicado en la Ley, a ponerse al corriente en cuanto al certificado de uso de suelo que por zonificación permite determinados niveles de construcción y metros de superficies, no solo de edificación, sino de áreas libres.
También pide a la ciudadanía, solicitar a los vendedores o representantes legales, el certificado de uso de suelo, ya que en caso de suspensión o clausura como medida cautelar, los compradores verían afectados sus anticipos de pago, liquidación de los inmuebles que desean habitar, así como en el tiempo que tienen proyectado para residir en los mismos.
