Ciudad de México, México.— El gobierno mexicano anunció cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala al al participar en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevan a cabo en Bogotá, Colombia.
En ese marco, destacaron que en las últimas semanas se ha allegado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante. Ello, no obstante, deberá ser corroborado, incluso en el marco del diálogo con los representantes de las víctimas.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, se informó que en la audiencia fue posible abordar aspectos relacionados con la atención a las víctimas, lo que permitió subrayar el compromiso del gobierno de México por contar con planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes.
Actualizó a la Comisión sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos. Al respecto, se destacó que, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, no obstante que se continuarán realizando las diligencias que correspondan. Además, se subrayó que en esos casos existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
Por lo que hace a la audiencia sobre la Ley de Seguridad Interior, se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la norma, que además se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La delegación mexicana subrayó que la ley busca establecer normas claras para la labor auxiliar de la Federación – y de las fuerzas armadas – en la atención de amenazas a la seguridad interior, cuando su magnitud supere las capacidades efectivas de las autoridades civiles directamente responsables. Ello, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos y con salvaguardas claras en materia de gradualidad, temporalidad y transparencia, como lo contempla la ley.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra, encabezaron la misión del gobierno mexicano.
