Ciudad de México, México.– Con la aprobación –mayoriteada- del PRI-Verde y sus aliados de la Ley de Seguridad Interior, la administración Peñista demostró nuevamente que bajo el imperio de la imposición, pretenden establecer un marco de seguridad nacional que poco resultado dará y se convertirá en un grave problema para los derechos humanos en la nación, señaló la vicecoordinadora de proceso legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.
Indicó que su voto de abstención lo explica porque no está en contra de las fuerzas armadas, sin embargo la Ley de Seguridad Interior debería de estar enmarcada en un escenario de participación y colaboración subsidiaria entre las fuerzas armadas y las corporaciones estatales y municipales, evitando en todo momento la participación autoritaria de alguna de las fuerzas de seguridad como sucederá con la nueva Ley.
“La nueva ley como queda planteada, no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, únicamente menciona que se respetarán, pero sin las herramientas que permitan establecerlo, seguramente generará graves problemas sociales” dijo.
Agregó que la iniciativa –mayoriteada- por los legisladores del Presidente Peña Nieto, no establece controles ni contrapesos robustos, únicamente habla de que la Secretaría de Gobernación remita un informe a la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión, dando libertad a acciones poco deseables en todas las entidades federativas de la nación.
Talavera Hernández condenó que la ley aprobada por los diputados del PRI-Verde, ataca a la transparencia en el país, al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será contemplada y clasificada como información confidencial, lo que abrirá la puerta a la indiscreción, el abuso del poder y de los recursos.
La legisladora acusó además, que la Ley aprobada tiene una mala regulación del uso de la fuerza y se remite a protocolos deficientes y no supervisados, y le permite a las fuerzas federales, incluyendo a las militares, intervenir contra protestas sociales, si consideran que nos son pacíficas.
Además, dijo, esta ley impulsada por Peña Nieto y –mayoriteada- por sus –gatilleros- fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, además de que no obliga a que las autoridades estatales y municipales fortalezcan a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas.
“Con esta nueva ley, en México se corren graves riesgos, porque las múltiples definiciones imprecisas en toda la iniciativa aprobada, permiten que todo –quepa- en la figura de “Seguridad Interior” lo que abrirá la puerta a múltiples actos de corrupción y abuso de autoridad” señaló.
Puntualizó que los legisladores federales deberán de trabajar en lograr consensos para hacer todo tipo de modificaciones a la Ley, para que en el tiempo deje de ser una herramienta jurídica –a modo- para el Presidente Peña y que se convierta en un instrumento que garantice la seguridad interior en el país, impulsando la estabilidad social y la competitividad nacional.
