Ciudad de México, México.— La Secretaría de la Función Pública está impedida jurídicamente en investigar el soborno entre PEMEX—Odebrecht, porque le corresponde a otra instancia (a la PGR), y en los contratos celebrados por esas dos empresas ha encontrado cobros en exceso e inconsistencias y por eso hay ocho procedimientos administrativos abiertos que involucran a servidores públicos y representantes de la empresa brasileña, declaró la titular de la SFP, Arely Gómez González.
En su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción por la glosa del informe presidencial, la titular de la SFP dijo el combate a la corrupción en México debe ser un esfuerzo colectivo nacional, con la participación de la ciudadanía, ya que no se trata de un tema exclusivo del gobierno y de los actores políticos.
Los legisladores cuestionaron a la servidora pública sobre diversos temas entre ellos el de Odebrecht, en el cual, indicó que se ha trabajado con el mayor rigor posible dentro de la Secretaría de la Función Pública. “Qué más quisiera yo poder dar respuestas sobre delitos, pero mi función no es esa, sino que me toca ver la parte administrativa”.
Expresó que al día de hoy, no se ha denunciado a la Procuraduría General de la República ningún delito cometido o “tengamos indicios de que se cometió entre la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.
Precisó que se hizo una revisión específica de los contratos celebrados, tomado comparecencia a 23 servidores públicos y por lo mismo tenemos 8 procedimientos administrativos abiertos, cuatro son contra las filiales de la empresa brasileña; dos contra sus representantes legales y dos contra servidores públicos de Pemex y se están desahogando en las etapas procedimentales.
Se han encontrado, dijo, cobros en exceso e inconsistencias, pero nosotros “no podemos investigar el soborno. Estoy impedida jurídicamente, eso le toca a otra instancia. De las investigaciones que nosotros realizamos ahí no sale el soborno, porque eso ya es el proceso de licitación, de contratación, de ejecución de la obra, de si se terminó en tiempo, si los costos fueron apegados”.
Agregó que para evitar que un hecho como Odebrecht vuelva a ocurrir, se han reforzado las acciones de auditoría y de fiscalización en Pemex, y derivado de la reforma energética, al entonces titular del órgano interno de control en Pemex, se le quitaron las facultades para practicar auditorías. Sin embargo, “nosotros y desde la hoy Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, hemos iniciado diversas investigaciones sobre los actos de corrupción más emblemáticos”.
Enfatizó que SFP es la encargada de investigar y sancionar a empresas filiales de Odebrecht por conductas irregulares exclusivamente de carácter administrativo. “Si encuentro algo de un soborno o algo, lo mandaré a PGR y, desafortunadamente cuando estábamos por emitir las resoluciones correspondientes a los procedimientos, las empresas empiezan a ocupar sus recursos legales para parar todo este tema, pero ya identificamos otros hallazgos que estamos terminando de integrar para hacer mayores presentaciones”.
La funcionaria aclaró que en el Nuevo Aeropuerto no hay ningún contrato con Grupo Higa, OHL ni Odebrecht. “OHL participó en licitaciones pero hasta el día de ayer no tenía ningún contrato asignado”.
En el Grupo Aeroportuario, agregó, se tenía un contrato vigente con Odebrecht, pero ya está suspendido, más otros dos que ya concluyeron. La SFP ha revisado tres contratos y “sí han generado irregularidades a la vista de nosotros, con nuestros métodos de investigación, y son los que estamos trabajando”.
Se está en la vía preventiva y correctiva en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así como una capacitación en cuanto al tema de valores, del código de ética e integridad a los servidores públicos del aeropuerto. Además se trabaja con la Auditoría Superior de la Federación para las auditorias que efectuara cada dependencia, realizado visitas y observaciones al Grupo Aeroportuario.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, señaló que se dividía en dos grandes rubros: el preventivo donde se trabaja y se atienden las 17 grandes recomendaciones que hizo la OCDE, y que en noviembre nos dará su informe.
En el correctivo, la SFP inició 15 auditorías de las cuales hay 56 observaciones. “No puedo decir que está bien hasta que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que tiene un plazo legal de 45 días hábiles, dé respuesta a esas observaciones, así como las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación donde nosotros somos los encargados de hacer que se cumplan estas vistas que nos den”.
Sobre los sismos, destacó que la dependencia estuvo al pendiente de que los recursos se transfirieran de acuerdo a los lineamientos que señalaba el Fonden; dio seguimiento al Censo de Viviendas Dañadas y ahora se trabaja de la mano con la Auditoría Superior de la Federación y contralorías estatales, para que los contralores sociales acompañen y vean que se entreguen las tarjetas de manera correcta.
En cuanto al censo y entrega de apoyos, al día de hoy se tienen 21 denuncias. “Le estaremos dando trámite a estas denuncias y en CIDEC tenemos 6 denuncias”. Agregó que de acuerdo al titular del órgano interno de control de Bansefi se ejercieron 270 millones de pesos cerrados a través de las dos modalidades de tarjetas: Fonden canal abierto, canales y terminales punto de venta, y Fonden vivienda.
Gómez González resaltó que se trabaja para cumplir con la política nacional de igualdad de mujeres y hombres y se han tomado medidas necesarias, como administrativas, salas de lactancia, permisos de paternidad, ya que la igualdad es tanto para hombres como para mujeres. Afirmó que en esta administración federal, se incrementó en un 37.43 por ciento el número de mujeres en puestos directivos.
También comentó que respecto a políticas implementadas en el fortalecimiento de la participación ciudadana, se realizan consultas digitales, acuerdos con órganos colegiados y monitoreo de cumplimiento de compromisos del Gobierno federal, entre otros. “Se puede decir que el 100 por ciento de las propuestas ciudadanas obtuvieron respuesta de la institución correspondiente”, acotó.
Gómez González, aseveró que el combate a la corrupción en México debe ser un esfuerzo colectivo nacional, con la participación de la ciudadanía, ya que no se trata de un tema exclusivo del gobierno y de los actores políticos.
El combate a la corrupción “es algo que nos tiene que abarcar a todos”, indicó al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, en el marco del análisis de Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República.
“El reto es mayúsculo y no podemos dejar de lado las cifras, en un diagnóstico reciente del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) se señala a la corrupción como uno de los tres problemas que más preocupa a las y los mexicanos”, refirió al iniciar su comparecencia.
“Igualmente, en un reporte publicado el pasado 9 de octubre, por Transparencia Internacional, se menciona que nuestro país tiene el índice de percepción de la corrupción más alto de América Latina y el Caribe”, abundó.
De acuerdo con Transparencia Internacional, en los últimos 12 meses, el 51 por ciento de los mexicanos pagó sobornos a funcionarios para acceder a servicios públicos, en particular de educación, salud y de documentación personal.
Ante cuestionamientos de diputados por los altos índices de corrupción en México, la funcionaria federal externó que se requiere de la participación de la ciudadanía “para ir cada vez mejorando la percepción y la calificación que tenemos, hasta llegar a estar bien colocados”.
“Aquí vemos que el tema de la corrupción, es un tema que se tiene que acabar de manera global, no es un tema del gobierno (federal), de algún partido político, de alguno de los niveles del gobierno o de alguno de los Poderes de la Unión”, manifestó Gómez González.
Señaló que la corrupción en México cuesta el equivalente al 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se desea es reducir este problema y por ello en esta administración federal se dio inicio al Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.
Dijo que la SFP, a efecto de contribuir en el combate a la corrupción y generar confianza en las instituciones gubernamentales, puso en funcionamiento el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (Sidec) y, adicionalmente, desarrolló la aplicación móvil “Denuncia la corrupción”.
“De abril de 2016 a octubre de 2017, el Sidec ha recibido 40 mil 480 quejas y denuncias”, apuntó
Aseveró que “estas herramientas han permitido detectar variables importantes, como los entes públicos con mayor número de quejas y denuncias y las conductas más recurrentes, pero principalmente permiten que los ciudadanos tengan un mecanismo de seguimiento a sus denuncias, que les permita evaluar la labor del gobierno en el combate a la ilegalidad”, explicó.
