Para combatir la corrupción en México no se necesita erogar más recursos públicos, ni crear un área especial dentro del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, sino voluntad política, honestidad y la transformación del régimen político, lo que incluiría que el Gobierno Federal informe sobre los actos de corrupción en los que están involucrados funcionarios públicos con las empresas Odebrecht, Oceanografía, OHL y el FOBAPROA.
Así coincidieron los diputados Rogerio Castro y Juan Romero, quienes presentaron la postura del Grupo Parlamentario de Morena con motivo de la reforma al Artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General, con la cual se crea una Dirección para desarrollar estudios de transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción de dicho Centro.
En su oportunidad, Rogerio Castro Vázquez opinó que en lugar de crear nuevas áreas, se deben profesionalizar los centros de estudios, ya que ello permitiría mejorar la calidad de los trabajos legislativos. Sin embargo, lamentó, estos espacios son utilizados para “acomodar” gente dentro del aparato burocrático del Congreso de la Unión.
“En Morena estamos a favor de la transparencia, pero no estamos de acuerdo con la simulación. Los problemas de la corrupción del país no se van a remediar creando burocracias, se van a remediar desterrando los ‘moches’, privilegios y el autoritarismo”, puntualizó.
El también Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, consideró que tratar de regular este tipo de centros de estudio es exagerado, toda vez que las comisiones del Congreso de la Unión no están facultadas para ello.
“El documento para establecer esta división organizacional es el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, pero la modificación a éste no es competencia ni facultad de las Comisiones. Además no se especifica de dónde se van a obtener recursos para este centro, por lo que es incongruente crear una dirección de transparencia sin transparencia”, subrayó.
A su vez, el diputado Juan Romero Tenorio exigió coherencia de las demás fracciones parlamentarias, porque si bien éstas argumentan que no se generarán gastos, ello sí va a ocurrir. “De qué va a vivir la dirección, dónde van a estar sus instalaciones, cuál va a ser su infraestructura y su personal operativo, porque todo ello implica una erogación económica”.
Durante la discusión del dictamen en lo general, advirtió que el dictamen para crear la citada Dirección no contiene una valoración del impacto presupuestal y que en lugar de destinar recursos para ello, se debería impulsar el servicio profesional de carrera en la Cámara de Diputados.
Esto, agregó, elevaría por mucho la calidad y capacidad de los investigadores y del personal encargado de esa operación, lo que abonaría más a la transparencia y la rendición de cuentas.
