Por esta situación, el diputado perredista presentará un punto de acuerdo para que, por un lado, la PGR remita a la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia para poder iniciar el proceso que le retire la inmunidad de la que aún goza el gobernador con licencia y ponerlo a disposición de las autoridades de justicia, y para que la Subcomisión de Examen Previo se ponga a trabajar en el juicio político.
Además, pedirá a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre los recursos faltantes durante la administración de Duarte.
En la consideración del Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD, la tardanza cómplice de priistas y pvemistas para iniciar en la Subcomisión de Examen Previo las solicitudes de juicio político, blinda al veracruzano y evita que éste rinda las cuentas que le debe a la ciudadanía.
Con este pretexto –dijo Ortega -, los priistas que encabezan la Subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional alegan que ya no hay necesidad de procesar el desafuero del presunto delincuente y con ello harían aún más tardado el desahogo de las solicitudes de juicio político y las declaratorias de procedencia, incluso hasta el término de la presente Legislatura.
A su vez, permitiría a Duarte de Ochoa alegar violación al debido proceso si es detenido aun teniendo fuero –aunque los priistas digan que no lo tiene-, con lo cual al final se le exoneraría, como con frecuencia hace la justicia mexicana con otros sujetos, entre ellos presuntos secuestradores, narcotraficantes y asesinos.
De este modo –puntualizó Ortega-, la afirmación de diputados priistas en el sentido de que Duarte de Ochoa ya perdió el fuero y se le puede detener podría significar, en primer lugar, un “pingponeo” de responsabilidades entre la PGR y la Cámara de Diputados, pero también una calculada violación al debido proceso para dejarle al veracruzano la alternativa de solicitar amparo por ello.
“De ninguna manera permitiremos eso”, dijo el también líder del PRD en el Estado de México, quien insistió en que la aplicación de la justicia no sólo implica detener y penalizar a éste y otros presuntos ladrones de recursos públicos, sino también la reparación del daño, es decir, la recuperación de lo robado porque precisamente la actuación de este tipo de funcionarios es, entre otras razones, lo que tiene en crisis al presupuesto nacional.
“No queremos simplemente que se le detenga –ni siquiera principalmente eso porque implica darle sustento y alojamiento a costa de recursos de los contribuyentes-, sino que se regrese el presupuesto público que fue indebidamente sustraído para hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales, protección civil, seguridad pública y tanto otros bienes y servicios que reclama la sociedad veracruzana, en particular la de escasos recursos, y que se haga justicia ante todas las víctimas de la violencia que desató durante su mandato”.
Pero no sólo él –añadió-, sino también otros tantos individuos a quienes la PGR se empeña en proteger y hasta sacar de la cárcel, como Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, quien en su momento dejó a esa entidad como una de las más endeudas del país, como ahora lo es Veracruz.
“Por eso quienes dirigen la PGR, la Subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional, cada cual en el ámbito de sus competencias, deben actuar con el máximo profesionalismo y apego a la legalidad; abstraerse del “circo tricolor” en que pretenden convertir la cacería del presunto delincuente prófugo; someterlo al proceso de desafuero a la brevedad posible, detenerlo y encarcelarlo junto con sus cómplices, y finalmente recuperar el recurso que indebidamente sustrajo con sus secuaces para canalizarlo a lo que originalmente fue presupuestado”, dijo Ortega Álvarez.
Adicionalmente deben procesar los juicios políticos entablados contra otros personajes, como el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien a pesar del billón de pesos a su disposición en los ya cinco años de su gestión, poco tiene que presumir en obras y servicios para sus gobernados.
