Asimismo, pidió al presidente Enrique Peña Nieto atender la denuncia presentada por Armando Guadiana Tijerina, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por estos hechos que a cinco años de distancia siguen impunes.
Mediante un punto de acuerdo turnado a la Primera Comisión de la Permanente, la legisladora recordó que el pasado 18 de marzo de 2011, en la localidad de Allende, Coahuila, más de 300 personas fueron víctimas de homicidio, tortura, desaparición forzada y secuestro.
El municipio, agregó, fue atacado por decenas de personas que cerraron los accesos a la ciudad y durante varios días arremetieron contra la población, en lo que se cree fue una venganza por parte de narcotraficantes.
Hombres fuertemente armados amedrentaron, destruyeron las pertenencias de los pobladores y forzaron a decenas de familias a salir de sus hogares, sin que alguna autoridad se opusiera o defendiera sus derechos fundamentales, como la vida o la libertad, señaló la legisladora por esa entidad.
Garza Galván lamentó que estos hechos no hayan sido investigados a fondo por las autoridades locales.
“Cinco años después, poco o nada se sabe del destino de las víctimas. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que los hechos han sido más investigados por medios de comunicación extranjeros que por las autoridades locales”, afirmó.
Señaló que ciudadanos, como Armando Guadiana Tijerina, han presentado denuncias ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
La denuncia fue presentada por actos de “lesa humanidad en contra de hombres, mujeres, ancianos y niños”, quienes se encontraban dentro de las 70 casas que fueron baleadas, saqueadas y destruidas, por los hombres armados.
