La también secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez, lamentó que México ocupe los primeros sitios a nivel global, ya que la violencia contra y entre adolescentes y jóvenes ocurre en todos los ámbitos de esta población: escuela, ocio, familia, trabajo y relaciones interpersonales.
Añadió que la violencia juvenil es un problema mundial que incluye diversos actos que van desde la intimidación y las riñas al homicidio, amenazando el derecho humano más básico: el de la vida. Además, cada año se cometen en todo el mundo 200 mil homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años.
Mencionó que, de acuerdo con datos emitidos por la Red para los Derechos de la Infancia, el país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio en menores de 14 años, entre las 33 naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ello, propuso en la Comisión Permanente exhortar a los titulares de los Ejecutivos federal, estatales y municipales a establecer una estrategia para afrontar la problemática que representan los altos niveles de muertes violentas entre la población juvenil.
Cárdenas Mariscal argumentó que, conforme al Índice de paz global del Instituto para la Economía y Paz (IEP), en 2015 se ubicó a México en el lugar 144 de 162 países medidos. A nivel Centroamérica y del Caribe, se posicionó en el sitio 12, siendo el último lugar.
Desafortunadamente, continuó, también se ocupa la posición 15 de los países con mayor índice de homicidios por cada cien mil habitantes, donde 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años mueren por esta causa, siendo la primera desde 2008.
Resaltó que los costos de la violencia pueden ser apreciados en términos de vidas afectadas o pérdidas, pero también en las grandes cargas psicológicas y económicas que representan para el tejido social.
El IEP 2015 estimó que, a partir de 2008, los costos relacionados con homicidios en México han aumentado 50 por ciento, representando una parte importante del Producto Interno Bruto y ubicándonos dentro de los 10 países con los mayores costos por contención de violencia, específicamente en el sexto sitio, con una cifra de 221 mil millones de dólares.
Desde una perspectiva de derechos humanos, expuso, representa dinero no gastado en servicios como educación, salud, bienestar social y vivienda, que promueven los derechos básicos para desarrollarse y prosperar.
“No podemos seguir siendo un país en el que ser joven sea un peligro y la violencia no debe ser un componente permanente en la vida de las y los jóvenes. Debemos formular y aplicar criterios especializados para la prevención de la violencia juvenil, basados en leyes, procesos, instituciones de gobierno, instalaciones y una red de servicios”, añadió.
La legisladora apuntó que los jóvenes de entre 10 y 29 años representan aproximadamente un tercio de la población mexicana, es decir, 36.2 por ciento del total poblacional. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), indicó que los jóvenes actualmente viven problemáticas como violencia, desempleo, pobreza e inequidad en educación.
De ahí que consideró vital llamar al gobierno federal y al de las entidades federativas y municipales, a fin de adoptar medidas coordinadas y urgentes para prevenir y atacar esta grave problemática.
