La proposición, que fue turnada a la Primera Comisión de trabajo de la Permanente, plantea solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, en el ámbito de sus atribuciones, haga una revisión integral de los recursos federales transferidos al estado de Sonora entre 2010 y 2015, a fin evaluar los resultados de la gestión financiera.
Lo anterior, con el propósito de comprobar si se observó lo establecido en las disposiciones legales, si se cumplieron los objetivos y metas programadas y, en caso de detectar irregularidades, se actúe conforme a derecho.
Asimismo, promueve que se solicite un informe pormenorizado de las observaciones pendientes de solventar, por parte del gobierno del estado de Sonora, en las Cuentas Públicas de 2010 a 2014, así como las acciones emprendidas en caso de irregularidades observadas.
En las consideraciones del dictamen, los senadores del PRI argumentan que si bien los hechos con los que está vinculado el exgobernador de Sonora son de diversa índole, todos tienen en común, por acción u omisión, conductas contrarias al marco normativo estatal y federal, así como la presunta violación de derechos humanos de la población sonorense.
Señalan que desde el comienzo y hasta el final de su administración, varios servidores públicos de Sonora fueron señalados como responsables de conductas antijurídicas, que van desde el probable cobro de dádivas e inadecuado ejercicio de recursos públicos, hasta concesiones fiscales a personas cercanas al exgobernador, el cambio del flujo de ríos y múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales.
Por lo anterior, destacan la importancia de que se lleven a cabo acciones para deslindar responsabilidades, en el marco de la legalidad; con el objetivo de garantizar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Reiteran que el exgobernador Guillermo Padrés Elías ha sido vinculado a conductas que vulneran el orden jurídico nacional como el hecho de que, durante su administración, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora sufrió un quebranto económico superior a los dos millones de pesos, situación que vulnera el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la entidad.
De igual forma, resaltan que en noviembre de 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que, durante la administración pasada, el gobierno del estado de Sonora “se efectuaron altos préstamos sin que se realizaran las verificaciones correspondientes”.
