En documento “En Contexto No. 61”, el cual, presenta un diagnóstico de la corrupción en México con mediciones nacionales e internacionales. Además, se presentan los aspectos sobresalientes de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El documento del CESOP analiza el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, que elabora Transparencia Mexicana, el cual identificó 200 millones de actos de corrupción en trámites y servicios de los diferentes niveles de gobierno y particulares en México. De igual forma, revela que el costo promedio de la mordida fue de 165 pesos, 27 unidades más que en 2007, lo que representó más de 32 mil millones de pesos en sobornos.
La investigación de este Centro de Estudios evidencia que los trámites que implicaron mayor corrupción en 2010 fueron: pasar productos en aduana o puerto fronterizo, estacionarse en vía pública en lugares controlados por franeleros y evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito.
En contexto No. 61 señala que las mediciones internacionales ubican a México entre los países con mayores niveles de corrupción. México ocupó la posición 95 de un total de 174 países evaluados por Transparencia Internacional en 2015. Asimismo, en la medición de competitividad internacional de 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México ocupó la posición 36 de 43 países evaluados, ubicando a nuestro país entre los menos competitivos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que los pobres son quienes pagan el precio más alto y sufren las peores consecuencias de la corrupción, pues estas prácticas se reflejan en los servicios públicos que no se ofrecen, es decir, cuando la población de menores ingresos no tiene lo suficiente para comer, no tiene acceso a la educación básica ni servicios de salud o enfrentan el deterioro del medio ambiente.
En 2014 la casa encuestadora GEA-ISA indagó sobre los beneficiarios de la corrupción. Al respecto, 51 de cada 100 encuestados respondieron que el gobierno es el principal beneficiario; en tanto que 21 de cada 100 consideró que la corrupción perjudica a los empresarios y 41 de cada 100 dijeron que perjudica a la población.
La empresa Parametría preguntó sobre el responsable de fomentar la corrupción. Los resultados mostraron que 48 de cada 100 acusaron al gobierno; 30 de cada 100 responsabilizaron a todos, y sólo 5 de cada 100 dijeron que los empresarios eran responsables.
Transparencia Internacional asevera que la lucha contra la corrupción requiere de una fuerte vigilancia del Poder Legislativo, una buena actuación del sistema judicial, auditorías independientes y con recursos propios, oficinas anticorrupción, aplicación vigorosa de la ley, transparencia en gasto público, ingresos y programas sociales, así como medios independientes y una sociedad civil activa.
A lo largo del documento se esboza que no existe una definición única para la corrupción, pues en cada país se incorporan factores culturales y legales imposibles de unificar, sin embargo, universalmente se identifica que la corrupción desgasta a las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervierte el Estado de derecho y crea entes burocráticos que encuentran su razón de ser en la solicitud o recepción de sobornos.
